El abogado y político Henry Cucalón, con una trayectoria que incluye ser concejal, asambleísta, ministro de Gobierno y candidato presidencial, se pronunció sobre la situación política actual en Ecuador y el juicio político a la Corte Constitucional.

Cucalón destacó que, aunque puede discrepar de decisiones de la Corte, estas deben respetarse: “Mi defensa de la institucionalidad no ha cambiado. Las diferencias son propias de la democracia, pero de ahí a querer derribar o burlar a la Corte solo porque no se acomoda una circunstancia, no estoy de acuerdo”.

Sobre los decretos económicos urgentes, señaló que la Corte ha excedido sus competencias al intervenir en decisiones del Ejecutivo: “La Corte se quiso atribuir un papel que no le corresponde. El que tiene la facultad de declarar un decreto como económico urgente es el presidente de la República. La Corte debe limitarse a controlar la constitucionalidad”.

En relación con la histórica decisión de la Corte que permitió el juicio político a Guillermo Lazo por mínima verosimilitud, Cucalón aseguró que, pese a su desacuerdo, el presidente respetó la institucionalidad: “Eso evitó que se tomaran todos los poderes del Estado y permitió la aplicación de la muerte cruzada. La historia debe estar fresca para valorar la coyuntura actual”.

El abogado también explicó la razón por la cual los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser sometidos a juicio político por sus decisiones jurisdiccionales: “La Constitución lo prohíbe y guarda concordancia con los dictámenes del sistema interamericano de derechos humanos. El juicio político solo cabe por faltas disciplinarias graves o incapacidades, no por desacuerdo con los fallos”.

Finalmente, Cucalón señaló que, a futuro, podría considerarse un proceso político si existieran causales específicas y objetivas como delitos de corrupción, pero enfatizó que la conveniencia política no debe determinar la acción contra los jueces: “No digo que jurídicamente no pueda caber, pero no es conveniente”.

Con su experiencia y trayectoria, Cucalón reafirma la importancia de respetar la institucionalidad y limita las acciones políticas frente a los fallos judiciales, defendiendo un equilibrio entre democracia y control constitucional.