La Corte Constitucional (CC) enfrenta un nuevo frente de presión. La Contraloría General del Estado notificó al presidente del organismo, Jhoel Escudero, el inicio de un examen especial enfocado en la administración de talento humano y el pago de nómina entre junio de 2021 y julio de 2025.

El proceso busca verificar si la Corte cumplió con las normas legales en la gestión de su personal y comprobar la veracidad de los gastos en remuneraciones. Como parte de los requerimientos, la Contraloría solicitó información detallada sobre sueldos de jueces, presidente, vicepresidente y funcionarios, así como la documentación que respalda los procesos de designación de magistrados.

En ese período, la Corte atravesó dos procesos de renovación: en 2022, bajo la comisión liderada por la jurista Vanessa Aguirre, fueron designados Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas; y hace cinco meses, con la comisión de Juan Carlos Izquierdo, se sumaron José Luis Terán, Jorge Benavides y Claudia Salgado.

Aunque el organismo de control aclaró que se trata de una auditoría rutinaria incluida en su Plan Anual de Control, la medida llega en un momento de fuerte tensión entre el Ejecutivo y la CC.

El Gobierno de Daniel Noboa, que impulsa tres leyes actualmente cuestionadas en el alto tribunal, incluso intentó desalojar a los nueve magistrados de su edificio el 19 de agosto, aunque un día después dio marcha atrás. Además, la Corte ha suspendido de forma provisional 17 artículos de esas normativas, lo que desató una marcha encabezada por el propio presidente hacia las instalaciones del organismo.