La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes sostuvo una sesión en la que se abordó una denuncia grave contra un sacerdote de la Iglesia católica por presuntas conductas indebidas con menores en la provincia de Santa Elena. En este marco, la fiscalización derivó en once casos bajo seguimiento, sumando uno en fase procesal y diez más en etapa de investigación preliminar.

La presidenta de la mesa legislativa, Viviana Veloz, enfatizó la urgencia ética de investigar este tipo de hechos, luego de que, en agosto, se formalizara la denuncia en Olón. En su calidad de máxima autoridad de la instancia fiscalizadora, llamó a los presentes a garantizar la protección de la niñez frente a posibles vulneraciones cometidas en nombre de la fe.

Desde la Fiscalía General del Estado, el director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, Alejandro Baño, detalló que la institución abrió de oficio una investigación preliminar el 17 de agosto, a partir de alertas generadas en medios de comunicación y redes sociales. Posteriormente, se recibió la denuncia de la Tenencia Política de Manglaralto junto a un parte policial, lo que motivó la apertura formal de las diligencias, entre ellas la valoración psicológica de los adolescentes implicados.

En paralelo, el delegado de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, informó que la institución solicitó a la Conferencia Episcopal datos sobre los protocolos que aplican ante situaciones de violencia en espacios de fe. También comunicó que, el 19 de agosto, se emitió una providencia de admisibilidad para garantizar el respeto al debido proceso en esta investigación defensorial.

Finalmente, Sara Oviedo, portavoz de la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe, denunció una actitud obstructiva por parte de la Iglesia católica, señalando un “código de silencio” que impide el flujo de información y constituiría, en sí mismo, una forma de encubrimiento institucional.