El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador se prepara para debatir en segunda instancia las reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La convocatoria, inicialmente prevista para el 20 de agosto de 2025, fue postergada, y aún no se ha fijado una nueva fecha, a pesar de que el plazo vence el próximo 26 de agosto.

La propuesta busca evitar la desnaturalización de las acciones de protección, a raíz de fallos de jueces que se excedieron en sus competencias. Con estas garantías jurisdiccionales, se han llegado a frenar procesos como los concursos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), e incluso se permitió la liberación de personas privadas de libertad.

La abogada constitucionalista Daniela Erazo considera que la norma aporta al objetivo propuesto, pero cree que aún se puede mejorar.

No obstante, esta ley también define los alcances de las funciones de la Corte Constitucional, lo que ha despertado sospechas de que la mayoría oficialista en el Pleno y el Ejecutivo, a través del eventual veto, intenten aprovechar las reformas para limitar las atribuciones de los magistrados.

La mayoría oficialista entregó la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea al correísmo, hace dos meses cuando se repartieron las mesas legislativas. Eso ha provocado que las propuestas de ADN al proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales no sean acogidas por los legisladores y que se mantenga el texto original presentado para segundo debate.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana y proponente del proyecto, Héctor Rodríguez, dijo en la Comisión que las observaciones “limitarían las competencias de la Corte Constitucional y de los jueces”.

El oficialismo presentó algunas propuestas, que incluyen la limitación de la competencia de la Corte Constitucional para dictar reglamentos sobre sus procesos. También plantea que la modulación de sentencias, un mecanismo para que la Corte Constitucional precise cómo y desde cuándo se aplican los efectos de un fallo, aplique en función de la facilidad para el cumplimiento. Además, propone una reducción de los plazos para la presentación de acciones, por ejemplo, de inconstitucionalidad por la forma. Eso implicaría que las leyes aprobadas por la Asamblea puedan ser observadas por el procedimiento solo por un tiempo establecido. En la misma línea, ADN establece que la Corte admita acciones en plazos de 15 días; caso contrario, el silencio se interpretará como rechazo.

El oficialismo también quiere eliminar la disposición que permite que los jueces sigan en funciones hasta ser reemplazados. Por otro lado, actualmente, debido al volumen de causas que recibe la Corte Constitucional, puede priorizarlas; el oficialismo sugiere limitar ese criterio.

El tema que ha provocado más observaciones es la propuesta de un amparo parlamentario. Se trata de una figura mediante la cual la Corte Constitucional puede verificar que se cumpla el debido proceso en las actuaciones no legislativas de la Asamblea. Eso implicaría que la Corte Constitucional pueda pronunciarse sobre las decisiones políticas del Legislativo, por ejemplo, enjuiciamientos políticos, fiscalización de las comisiones especializadas o quejas contra asambleístas ante el Consejo de Administración Legislativa.

La asambleísta de ADN, Lucía Pozo, dijo que se pretende que la Corte Constitucional pase a ser un juez de las decisiones de la Asamblea, lo que “vulnera la autonomía”.

El informe para la comisión puede ser aprobado o rechazado de manera íntegra; ya no cabe incluir ninguna observación. Sin embargo, es probable que el presidente Daniel Noboa incluya las reformas en el veto presidencial, tal como ya ha ocurrido en el pasado. Sea cual sea el trámite, la ley estará sujeta al control de la Corte Constitucional.