‎El 15 de agosto, en Olón, provincia de Santa Elena, se conoció una denuncia que encendió las alarmas: un sacerdote fue sorprendido en su vivienda junto a tres adolescentes, a quienes habría llevado desde la iglesia hasta su casa. El aviso a las autoridades la dieron los vecinos. La explicación del sacerdote al ser puesto en evidencia fue que los jóvenes eran monaguillos y que simplemente estaban jugando videojuegos.

La reacción de la comunidad y su decisión de denunciar es un acto de responsabilidad ciudadana que merece reconocimiento, en un país donde la violencia sexual clerical ha sido cometida, encubierta y hasta naturalizada. Como si la sotana fuese una licencia para transgredir la dignidad de niños, niñas y adolescentes, muchos de estos hechos han sido tolerados por la sociedad y protegidos por las autoridades clericales.

Lejos de erradicar estas prácticas, las autoridades eclesiales han respondido de manera sistemática con traslados silenciosos: aparta al sacerdote denunciado de su parroquia, pero lo reubica en otro espacio donde, al desconocerse sus antecedentes, suele reincidir. Este patrón, asegura impunidad y expone a nuevas víctimas.

En todo el mundo, miles de sobrevivientes de violencia sexual clerical han denunciado a sus agresores. La mayoría de estos casos han salido a la luz gracias al valor de las víctimas al trabajo de periodistas de investigación y defensores y defensoras de los derechos humanos, que han evidenciado tanto el modus operandi de los abusadores como el encubrimiento institucional. Sin embargo, estos crímenes persisten, un reporte de la Iglesia católica romana en EE. UU. del 2004 señala que más de 4000 sacerdotes fueron acusados de haber abusado sexualmente de más de 10 000 niños en un periodo de 50 años (Global Post)

Nuestro país tampoco ha sido ajeno a estas prácticas. El caso del exsacerdote César Cordero Moscoso estremeció a la sociedad ecuatoriana, mostrando la resistencia de la Iglesia a reconocer responsabilidades y la defensa férrea de este personaje por parte de ciertos sectores de poder que, en medio de las denuncias organizaron homenajes a su favor. 

La historia revela que la Iglesia Católica ha estado vinculada a graves violaciones de derechos humanos: desde el desarraigo de niños y niñas indígenas para ser “evangelizados”, hasta el silencio e incluso complicidad frente a los crímenes cometidos por gobiernos dictatoriales, pasando por abusos sistemáticos contra monjas y miles de víctimas de violencia sexual infantil en todo el mundo.

Entre 1863 y 1998, más de 150.000 niños y niñas idígenas en Canadá fueron arrancados de sus familias y confinados en internados estatales, en su mayoría administrados por la Iglesia Católica. En estos lugares padecieron abusos emocionales, físicos y sexuales, además de lo que hoy se reconoce como un genocidio cultural: la imposición de olvidar sus lenguas, costumbres y raíces.

La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas ha señalado que los niños y niñas que murieron y desaparecieron mientras asistían a estas escuelas a menudo fueron enterrados en cementerios no oficiales o en lugares de entierro anónimos. El Proyecto Niños Desaparecidos ha documentado las muertes y los sitios de entierro de las víctimas, y hasta ahora se han identificado los restos de más de 4.100 niños y niñas.

Ninguna investidura religiosa puede blindar a un agresor. Ningún sacerdote puede pretender normalizar que adolescentes acudan a su vivienda como parte de sus “funciones pastorales”. La defensa de la niñez y la adolescencia exige vigilancia, acción judicial, reparación. y memoria, para que estas historias no se repitan jamás.