La Asamblea Nacional inició la discusión del proyecto denominado “Ley de Fundaciones” o “Ley de Transparencia Social”, sin contar con la participación de representantes de la sociedad civil. Este hecho ha generado críticas de varios sectores que cuestionan la falta de un proceso participativo y el posible impacto en el derecho a la libre asociación.

Diversas organizaciones civiles advirtieron que la Comisión de Desarrollo Económico no consideró sus aportes durante el análisis del texto. A su criterio, esta exclusión debilita la legitimidad del debate y pone en riesgo la pluralidad de voces en la construcción de la normativa.

La propuesta enviada por el Ejecutivo otorga a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) amplias facultades de control. Entre ellas constan la supervisión, auditoría, intervención y vigilancia de fundaciones, ONG, organizaciones comunitarias y demás entidades sin fines de lucro. Además, estas organizaciones deberán registrarse en un sistema unificado de información, contar con mecanismos internos de integridad y presentar informes anuales de gestión y uso de recursos.

El texto también prevé que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) pueda ordenar la inmovilización de fondos cuando existan indicios de actividades ilícitas, medida que luego deberá ser ratificada por un juez.

Organizaciones como Fundamedios e IFEX-ALC han expresado preocupación por el alcance de la ley. Aseguran que impone cargas administrativas desproporcionadas, establece sanciones severas y abre la posibilidad de disolver asociaciones sin una evaluación clara de riesgos. Advierten que estas disposiciones podrían vulnerar la Constitución y compromisos internacionales suscritos por el Ecuador.

Los críticos también alertan que la centralización del control en el Estado podría derivar en un uso discrecional de las herramientas legales, generando escenarios de estigmatización y persecución contra colectivos comunitarios, culturales, ambientalistas o defensores de derechos humanos.