El debate sobre la propuesta del Ejecutivo para reducir de 151 a 71 el número de asambleístas encendió este lunes la discusión entre oficialismo y oposición. La iniciativa busca un ahorro anual cercano a 16 millones de dólares en salarios y gastos de legisladores y sus asesores.

Diana Jacome, del partido ADN, defendió la medida como una forma de “garantizar una representatividad real” y criticó a los partidos que, según ella, existen solo en época electoral. “No se trata solo de reducir legisladores, sino de evitar que los ciudadanos sigan pagando por representantes que no representan a nadie. Es la oportunidad de los ecuatorianos de tomar el poder en las urnas”, señaló.

En contraposición, Paola Cabezas, de Revolución Ciudadana, alertó que la reducción afectaría la proporcionalidad y representatividad, especialmente en provincias con menos población y en grupos históricamente poco representados, como mujeres indígenas y afrodescendientes. “La calidad de los legisladores no depende del número, sino de la selección de mejores cuadros y su capacitación. El ahorro económico no puede justificar la vulneración de principios constitucionales”, indicó.

Jacome reiteró que la propuesta no restringe derechos ni modifica la Constitución, y que busca mejorar la calidad legislativa y la confianza ciudadana. Cabezas, en cambio, defendió que la verdadera mejora requiere reformas profundas que garanticen formación y representación equitativa de todos los sectores.