En la comuna de Olón, provincia de Santa Elena, un sacerdote fue sorprendido dentro de su vivienda junto a tres adolescentes que, según testigos, se encontraban en ropa interior. El hecho, denunciado por vecinos, generó conmoción y abrió la puerta a investigaciones tanto judiciales como eclesiásticas.
De acuerdo con los moradores, el religioso llevó a los menores desde la iglesia hasta su casa. Alarmados por la situación, los vecinos llamaron a la Policía y, junto con personal de seguridad del sector, exigieron que abriera la puerta.
Al ingresar, lo cuestionaron por la presencia de los adolescentes. El sacerdote alegó que eran monaguillos que acudían a jugar videojuegos, pero no logró explicar por qué estaban con pocas prendas de vestir.
Horas después, trascendió que habría sido apartado de su parroquia y trasladado a otro lugar, mientras la Iglesia informó que ya abrió un proceso de investigación interna.
🔴 ATENCIÓN: El 15 de agosto de 2025, en horas de la noche, vecinos de Olón observaron al sacerdote D. S. salir de la iglesia y dirigirse a su vivienda acompañado de un menor de edad.
— Sybel Martinez (@sybelmartinez) August 16, 2025
Al poco tiempo, un grupo de vecinos fue a su casa y al golpear la puerta, el sacerdote negó… pic.twitter.com/PYz7E4RNTH
El caso se viralizó tras la difusión de un video en redes sociales por la activista Sybel Martínez, lo que desató una oleada de reacciones políticas. Entre ellas, la de Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea, quien anunció una fiscalización urgente:
“La Fe no puede ser excusa ni escudo para el abuso. Todas y todos tenemos el deber moral y legal de proteger a la niñez”.
La Comisión de la Niñez confirmó que este hecho será incorporado a su proceso de fiscalización sobre violencia sexual institucional y clerical, iniciado en 2024. En un comunicado, exhortó a la Fiscalía, Policía Nacional y Dinapen a iniciar de inmediato las investigaciones:
“Ninguna investidura religiosa, política o social otorga impunidad frente a los delitos contra la niñez”.
La comunidad de Olón permanece consternada y exige respuestas rápidas y transparentes, mientras el caso se suma a los procesos de escrutinio sobre los abusos dentro de instituciones religiosas en el país.
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