A menos de tres meses de cumplir dos años en el poder, el presidente Daniel Noboa parece recibir las primeras alertas de que necesita renovar la percepción de que su gobierno tiene la capacidad de solucionar los principales problemas de los ecuatorianos.

El mandatario, que supo convencer con inteligencia a la mayoría del país de que su proyecto político podía superar en efectividad a los anteriores, requiere hoy un impulso innovador. El, en los últimos cuatro meses ha realizado cinco apuestas de alto riesgo electoral.

El camino de estos 21 meses de gestión no ha sido fácil y ha demandado mucha valentía en el ejercicio del poder. Sin embargo, las alertas tempranas son tan evidentes que ha llegado el momento de que el Gobierno dé un giro agresivo y total hacia lo social.

Desde el inicio de su primer mandato, a finales de 2023, el Ejecutivo —ante la emergencia de la caja fiscal— no ha dejado de buscar recursos de los ciudadanos y empresas para financiar el gasto público (vía impuestos y eliminación de varios subsidios). Ha mantenido una política abierta de endeudamiento internacional, ejecuta un plan agresivo de despidos en el sector público, ha impulsado leyes que generan debates sobre su constitucionalidad y, por último, emprendió un enfrentamiento directo con la Corte Constitucional.

En la otra orilla, los ecuatorianos observan cómo el país atraviesa su peor crisis de asesinatos e inseguridad (el primer semestre de 2025 cerró como el más violento de la historia, con 4.557 homicidios intencionales). El empleo continúa estancado, los servicios de salud del Estado enfrentan una de sus peores crisis registradas —y el sector no ha sido declarado en emergencia—, la educación pública padece problemas de infraestructura y la migración sigue.

A esto se suma el escándalo de los equipos de generación eléctrica de la firma Progen, que, según la Contraloría del Estado, generó al erario nacional un perjuicio de 100 millones de dólares. Además, persiste el fantasma de la inseguridad energética, que a finales de 2024 provocó apagones de hasta 14 horas diarias y un perjuicio económico superior a 2.000 millones de dólares (equivalente al 2% del PIB).

A pesar de todo lo mencionado, hay que reconocer que el capital político del mandatario ha resistido bien estos embates, en gran parte porque existe la percepción de que el Gobierno lucha contra la narcodelincuencia y estabiliza la economía nacional. La profunda crisis del correísmo también ha sido un factor favorable.
Es decir, el presidente aún goza de un cheque social en blanco, pero es el momento de dar un giro que le permita conservar una buena gobernabilidad y paz social, y así lograr sus objetivos socioeconómicos en beneficio de todos.

Las crisis siempre tienen una fase previa en la que se emiten alertas tempranas. Hoy, esas señales deben ser tomadas en cuenta, porque a finales de año —es decir, en poco tiempo— la marca política del presidente entrará en evaluación con el próximo referéndum y la consulta popular.

Es necesario un cambio de rumbo urgente, si el jefe de Estado desea preservar el capital político que todavía posee.