La propuesta del presidente Daniel Noboa de disminuir el número de asambleístas de 151 a 71 avanza hacia un escenario de análisis constitucional. El planteamiento, remitido a la Corte Constitucional, contempla someter la reforma a un referendo previsto para finales de 2025.

El plan establece un esquema de representación con 10 legisladores nacionales, uno por cada provincia y uno adicional por cada 400 000 habitantes. Según estimaciones oficiales, la reducción implicaría un ahorro superior a USD 8,6 millones anuales en remuneraciones.

Desde el punto de vista legal, juristas señalan que el proyecto podría tramitarse como una enmienda constitucional, siempre que la pregunta planteada al electorado sea clara y no vulnere principios democráticos. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la viabilidad de la iniciativa.

En caso de aprobarse en las urnas, la Asamblea Nacional tendría un plazo de un año para modificar el Código de la Democracia y la Ley de la Función Legislativa, de modo que la aplicación sería gradual y no afectaría el actual periodo legislativo.

En el ámbito político, especialistas y actores legislativos advierten que una reducción drástica de curules no garantiza una mejora en la calidad de la representación. Por el contrario, podría limitar la participación de minorías y restringir la pluralidad en el Parlamento.