Desde el inicio de la deportación de 1.000 presos colombianos el 25 de julio de 2025, Ecuador ha repatriado a 924 reclusos, quedando solo 76 en las cárceles ecuatorianas, según datos del Ministerio del Interior.

La mayoría de los deportados fueron recibidos en Colombia sin restricciones legales. La Policía de Nariño informó que, al revisar sus antecedentes migratorios, solo 11 presentaban órdenes judiciales vigentes, siendo detenidos por delitos como tráfico de armas, homicidio y abuso sexual. Además, tres individuos estaban en alertas internacionales de Interpol por secuestro y tráfico de armas.

El resto de los deportados, sin pendientes legales, fueron atendidos por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) de Colombia, que les brindó asistencia humanitaria y apoyo para su reintegración social. Esto incluyó créditos asociativos, subsidios y orientación para proyectos productivos.

La deportación ha generado tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia. El gobierno colombiano expresó su protesta por considerar que la medida fue tomada de manera unilateral y sin protocolos previos. Por su parte, Ecuador defendió la acción como parte de su política de seguridad interna y cumplimiento de obligaciones migratorias.