Desde que asumió el poder, varias acciones del presidente Daniel Noboa han sido objeto de pronunciamientos de la Corte Constitucional: las declaratorias de estados de excepción, el impedimento de que su vicepresidenta (a quien él designó pero luego desconoció) lo reemplace durante su ausencia para hacer campaña, o el impulso de leyes económicas urgentes en las que no quedaba claro cual era ni su urgencia y ni su contenido económico.

Aunque la Corte ha hecho su trabajo, sus decisiones han incomodado al presidente y su gobierno. Así, Noboa optó por una ofensiva directa contra la Corte. Públicamente anunció una pregunta de referendo para someter a juicio político a sus jueces, los acusó en medios de ser “el brazo político del narcotráfico” y convocó a una manifestación en su contra responsabilizándolos de las muertes violentas en el país. Todo esto ocurre en momentos en que Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4619 muertes violentas, siendo este el período más violento en la historia del país.

En lugar de enfocar sus esfuerzos en gestionar lo público, ejecutar sus presupuestos y así atender las necesidades en sus áreas, algunos ministros acompañaron las expresiones antagónicas del Presidente, buscando posicionar a la Corte como “enemiga del pueblo”. Este discurso parecería obedecer a una estrategia que busca redireccionar la atención y distraer a la ciudadanía de la responsabilidad que el gobierno tiene de generar políticas públicas eficaces y gestionar lo público de manera eficiente.

Tragedias como las que ocurren a diario en el sector de la salud y que se evidencian en, por ejemplo, el Hospital Universitario de Guayaquil en que habrían fallecido 18 neonatos por la reutilización de insumos médicos (ante la falta de los mismos) o el Hospital de Niños Francisco de Ycaza Bustamante en que se tiene que esperar seis meses por un examen cardiaco deberían ser la prioridad a atender. Esto evidencia que el país enfrenta problemas urgentes y sensibles que requieren atención real y política pública, no peleas estériles entre instituciones.

Hay que ser indolente para que, por cálculos políticos o incapacidad, se privilegie la confrontación institucional en lugar de trabajar en soluciones que realmente salven vidas y estabilicen la seguridad. La Corte no impide que se ejecute presupuesto ni se elabore políticas públicas durante su gestión, y en esta ocasión, tampoco lo hace la Asamblea. Lo que ocurre es que, en lugar de cumplir con lo mínimo que sus cargos exigen, en el gobierno prefieren gastar energías en escalar conflictos que distraen a la ciudadanía y debilitan la institucionalidad.