La Corte Constitucional (CC) recibió la solicitud del secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, para posponer la audiencia pública prevista para el 18 de agosto de 2025, en la que se trataría la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP).

En su escrito, Andino pidió que la diligencia se difiera hasta que venza el plazo de 15 días que tiene la Presidencia para responder a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas en el caso 52-25-IN, plazo que comenzó el 8 de agosto.

Ese mismo día, la CC admitió a trámite la demanda presentada por Unidad Popular contra la LOIP, la cual se sumó a la acción interpuesta por la Unión Nacional de Educadores (UNE). El director de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, recordó que su organización cuestiona reformas a la Ley de Servicio Público, la conversión de cooperativas en bancos y la disposición que permitió el perdón de impuestos a la Corporación Noboa.

Atarihuana afirmó que espera que la Corte actúe “en derecho” y criticó que no se concedieran medidas cautelares para frenar los despidos que, según él, han generado daños irreparables. Además, anunció que el 16 de agosto participará en la Asamblea de Organizaciones Populares, donde se evaluarán nuevas movilizaciones.