Las organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional del Ecuador han comenzado a definir su posición respecto a la propuesta de enmienda constitucional planteada por el presidente Daniel Noboa. El mandatario remitió a la Corte Constitucional los anexos y la pregunta de consulta popular para que determine su trámite.

La legisladora Diana Jácome, de Acción Democrática Nacional (ADN), expresó que será la Corte Constitucional quien determine el procedimiento para la consulta popular y que la ciudadanía se pronuncie en las urnas. En relación con la propuesta de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional, Jácome afirmó que todas las autoridades están sujetas a control y que los jueces no deben ser una excepción. Consideró que las acciones de los magistrados han afectado la seguridad nacional y que es necesario un control político.

El asambleísta Blasco Luna, de Revolución Ciudadana (RC), cuestionó la necesidad de una nueva consulta popular, señalando que no resolverá los problemas actuales del país, como la crisis hospitalaria y la inseguridad. Criticó que el gobierno utilice la consulta como una herramienta para presionar a la Corte Constitucional y advirtió que esta acción podría generar polarización sin abordar los problemas de fondo.

Por su parte, el legislador Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), indicó que, en general, su bancada estaría de acuerdo con la mayoría de las preguntas propuestas por el Ejecutivo. Sin embargo, expresó dudas sobre la propuesta de juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, señalando que no está claro cuál sería el incumplimiento de funciones y que los jueces no pueden ser enjuiciados por sus decisiones legítimas. Aclaró que el PSC respaldará esta propuesta una vez que se conozca el texto final de las causales del juicio político.

La legisladora Cecilia Baltazar, de Pachakutik, informó que su bancada está analizando las preguntas de la consulta popular y consultará con los dirigentes y líderes del movimiento para definir su postura. Sin embargo, anticipó que mantendrán su posición en contra de tres temas que ya fueron consultados en procesos anteriores: el trabajo por horas, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y el tema de los casinos. En relación con la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional, Baltazar expresó que los magistrados no deben ser llamados a juicio por sus sentencias, ya que esto podría someterlos a presiones políticas.