Manifestantes colocaron pancartas con los rostros de los jueces de la Corte Constitucional (CC) y la leyenda: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, responsabilizando al organismo por la criminalidad en el país. Días antes, se instalaron vallas con un contador de muertes violentas.

El Gobierno aclaró que no se utilizaron recursos públicos para estas acciones, aunque algunos ministros han expresado críticas hacia la Corte. Zaida Rovira, titular de Gobierno, afirmó que la CC “le está dando la espalda a la ciudadanía”, mientras que John Reimberg y Gian Carlo Loffredo, ministros de Interior y Defensa, rechazaron la suspensión de las leyes en un video. El presidente Daniel Noboa también señaló que la decisión dejó desprotegidos a policías y militares.

Respecto al impacto en la violencia, los registros muestran que antes de la suspensión de los artículos de la Ley de Solidaridad, Ley de Inteligencia y Ley de Integridad Pública, el promedio de homicidios diarios era de 21, mientras que tras la suspensión, según el contador de las pancartas, se reportaron nueve homicidios diarios. Los datos del Ministerio del Interior y la Fiscalía indican una disminución interanual y mensual de homicidios, por lo que expertos en seguridad, como Carla García, advierten que la violencia es multicausal y no puede atribuirse únicamente a la suspensión de las leyes.

Entre los artículos suspendidos se incluyen definiciones clave en la Ley de Solidaridad, como el reconocimiento de un conflicto armado interno y el indulto presidencial en fase de investigación. La Ley de Inteligencia vio suspendidos 12 artículos y nueve del reglamento, afectando conceptos de inteligencia, disuasión y operaciones de los servidores, además de la posibilidad de requerir información sin orden judicial. La Ley de Integridad Pública también sufrió suspensiones que han generado debate sobre la regulación de información y vigilancia.

El análisis evidencia que, aunque el Ejecutivo responsabiliza a la Corte Constitucional, los indicadores de violencia no muestran un incremento atribuible directamente a la suspensión de estos artículos, dejando en evidencia la complejidad del fenómeno criminal en Ecuador.