La elección del próximo fiscal general del Estado en Ecuador genera alertas sobre transparencia e independencia, según la Misión Internacional de Observación, representada por Jaime Arellano, exviceministro de Justicia de Chile.

Arellano, quien supervisa el concurso, advirtió que el proceso debe regirse por criterios técnicos, meritocráticos y con participación ciudadana para garantizar la independencia de la institución.

“El requisito fundamental de un estado democrático es que la fiscalía sea independiente del poder político. Solo así se protege a los ciudadanos frente a posibles abusos del Ejecutivo o del Legislativo”, señaló Arellano.

Subrayó que la experiencia internacional establece la necesidad de separar la función política de la función fiscal, recomendando incluso períodos de espera para quienes ejercieron cargos públicos antes de postular.

Arellano criticó que, en Ecuador, el reglamento permite que candidatos recién salidos de cargos ministeriales participen, lo que genera dudas sobre conflictos de interés y sobre la eventual influencia política en decisiones judiciales. “Todo aquello que pueda dar la idea de intervención política en el cargo de fiscal general despierta alerta”, enfatizó.

El secretario ejecutivo también recordó los problemas registrados en los concursos previos de la Corte Nacional de Justicia, donde se identificaron irregularidades en transparencia, publicidad de los candidatos y filtraciones de pruebas.

“Para elegir a la persona más adecuada, es indispensable que los medios y la sociedad civil tengan acceso a información sobre méritos, conflictos de interés y evaluaciones técnicas de los postulantes”, explicó.