El presidente Daniel Noboa lideró una marcha en Quito contra la Corte Constitucional luego de que esta suspendiera temporalmente partes de las nuevas leyes de seguridad aprobadas por su gobierno. Las disposiciones suspendidas incluyen inmunidad para miembros de las fuerzas de seguridad, obligatoriedad de compartir datos por parte de proveedores de telecomunicaciones y cambios en la regulación bancaria. Organizaciones de derechos humanos han advertido que estas medidas podrían vulnerar derechos civiles.

La marcha fue interpretada por críticos como un intento de presión política sobre el poder judicial. Durante el evento, se exhibieron carteles con los nombres y rostros de los jueces de la Corte Constitucional, lo que fue percibido como una amenaza a su seguridad e independencia. La Corte condenó estas acciones y enfatizó la importancia de mantener su autonomía judicial.

En este contexto, el presidente de la Corte Constitucional, César Ulloa, expresó su preocupación por la confrontación abierta entre el Ejecutivo y el máximo órgano judicial. Ulloa advirtió que este enfrentamiento podría afectar negativamente la gobernabilidad y la democracia en Ecuador y generar un desgaste político innecesario para el presidente Noboa.

Por su parte, Noboa defendió la marcha como una manifestación legítima del pueblo ecuatoriano en defensa de la seguridad y la paz. Aseguró que su gobierno continuará trabajando para combatir la violencia y el crimen organizado, a pesar de las tensiones con el poder judicial.

La situación ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre los poderes del Estado y el respeto a los derechos fundamentales. Se espera que la Corte Constitucional realice audiencias públicas para analizar las leyes suspendidas y determinar su constitucionalidad.