El Gobierno ha rechazado cualquier vinculación con el financiamiento de las vallas publicitarias que contienen mensajes críticos dirigidos a los jueces de la Corte Constitucional. En una declaración oficial, el Ejecutivo aseguró que no ha destinado recursos públicos para la colocación de estos anuncios y que desconoce a los responsables de su financiamiento.

Estas vallas, que han aparecido en diversas ciudades del país, expresan rechazo a las recientes decisiones de la Corte Constitucional, especialmente en relación con la despenalización del aborto en casos de violación. El Gobierno ha reiterado su respeto por la independencia del poder judicial y ha enfatizado que las expresiones públicas de la ciudadanía deben enmarcarse dentro del respeto a la ley y los derechos fundamentales.

Por su parte, la Corte Constitucional ha manifestado su preocupación por estos actos de presión pública, calificándolos como intentos de influir indebidamente en las decisiones judiciales. La Corte ha instado a las autoridades competentes a investigar el origen de los fondos utilizados para financiar las vallas y a garantizar que no se vulneren los principios de independencia y autonomía judicial.

Este incidente ha generado un debate sobre la libertad de expresión, la protesta social y la autonomía del poder judicial en Ecuador. Diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación por posibles intentos de coartar la independencia de la Corte Constitucional y han llamado a un diálogo respetuoso y constructivo sobre los temas que han generado controversia.

El Gobierno ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el respeto al Estado de derecho, y ha asegurado que continuará promoviendo un ambiente de respeto y tolerancia en el país.