El Gobierno descartó declarar una emergencia sanitaria nacional tras el fallecimiento de doce recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. En una rueda de prensa, la vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, aclaró que la cifra inicial de 18 muertos correspondía al total de neonatos ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, no al número de fallecidos.

Las autoridades de salud informaron que dos de las muertes confirmadas estuvieron asociadas a una infección por la bacteria Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa (KPC), mientras que el resto de los casos respondieron a causas multifactoriales, vinculadas a condiciones clínicas complejas como la prematurez.

Jaramillo negó la existencia de desabastecimiento de insumos, asegurando que el hospital cuenta con cánulas y materiales esenciales para la atención neonatal. Añadió que ya se están tomando medidas para reforzar el suministro de insumos si fuera necesario.

El Ejecutivo informó que se destituyó a las autoridades responsables del hospital y de la dirección distrital de salud, y reiteró su compromiso de colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y sancionar posibles negligencias.

Este hecho ha generado una fuerte conmoción social en Ecuador. Organizaciones médicas y familiares de los neonatos han solicitado la declaratoria de emergencia sanitaria para garantizar recursos y acciones inmediatas en el sistema público de salud.

La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía han iniciado investigaciones para esclarecer las causas de las muertes y las condiciones de atención en el hospital. Además, la Asamblea Nacional convocó al ministro de Salud y a otras autoridades vinculadas para que rindan cuentas y expliquen las medidas adoptadas.

La tragedia pone en evidencia las falencias del sistema sanitario público ecuatoriano, especialmente en la atención materno-infantil, y reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer la gestión, el presupuesto y los protocolos hospitalarios en el país.