El ministro de Salud Pública, Jimmy Martínez, ofreció una rueda de prensa para esclarecer las causas del fallecimiento de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. El funcionario desmintió la cifra de 18 muertes, calificándola de “alarmista”, y confirmó que en julio de 2025 se registraron 12 decesos.

Atribuyó estos fallecimientos a causas “multifactoriales”, incluyendo complicaciones pediátricas, neonatales y maternas, como bajo peso al nacer, prematuridad e inmadurez extrema, factores que afectan la estabilidad clínica de los neonatos.

Además, Martínez informó que en dos de los casos se detectó la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa (KPC), resistente a antibióticos. Ante esta situación, se emitió una alerta epidemiológica en julio y se activaron protocolos para evitar su propagación.

El ministro también desmintió que se haya reutilizado equipo médico, como cánulas, para el soporte ventilatorio de los neonatos, asegurando que los pacientes con inmadurez extrema o bajo peso al nacer utilizan dispositivos específicos provistos por el hospital.

En respuesta a la crisis, el Gobierno asignará 68 millones de dólares al Ministerio de Salud Pública para fortalecer el sistema sanitario. El ministro solicitó la renuncia del gerente del hospital e instruyó una auditoría médica. Asimismo, se ordenó atención psicológica para los familiares de los dos bebés fallecidos por la bacteria KPC, aunque se ha criticado que esta asistencia no se haya extendido a todas las familias afectadas.

La tragedia ha expuesto deficiencias en el sistema de salud público ecuatoriano, incluyendo recortes presupuestarios, falta de insumos y personal médico. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo han abierto investigaciones, mientras que el Colegio de Médicos del Guayas ha solicitado al presidente Daniel Noboa declarar en emergencia al sistema de salud.

El presidente Noboa, por su parte, ha mantenido silencio sobre el asunto, enfocando su atención en una movilización convocada por él contra la Corte Constitucional, prevista para el 12 de agosto de 2025.