La Corte Constitucional se encuentra nuevamente en el centro del debate político tras una serie de decisiones que han generado controversia en diversos sectores de la sociedad. Desde su reestructuración en 2019, la Corte ha emitido fallos que han sido interpretados como avances en derechos humanos por algunos y como transgresiones a principios constitucionales por otros.

Uno de los fallos más emblemáticos fue la despenalización del aborto en casos de violación, emitido en 2021. La Corte consideró que la penalización en estos casos era desproporcionada y vulneraba los derechos de las mujeres. Esta decisión provocó reacciones adversas de sectores religiosos y conservadores, quienes argumentaron que la Corte excedió sus competencias al legislar sobre un tema tan sensible.

En el ámbito de los derechos LGBTI, la Corte aprobó en junio de 2019 el matrimonio entre personas del mismo sexo, basándose en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta resolución fue vista por activistas como un avance en la igualdad de derechos, pero también suscitó protestas de grupos que consideran que la interpretación de la Corte contraviene la Constitución.

Además, la Corte ha intervenido en temas relacionados con el sistema judicial, como la eliminación de la figura de “error inexcusable” en las sanciones a jueces, fiscales y defensores públicos. Esta medida fue vista por algunos como una defensa de la independencia judicial, mientras que otros la interpretaron como una limitación a la capacidad del Consejo de la Judicatura para ejercer su función disciplinaria.

Más recientemente, la Corte ha suspendido parcialmente artículos de las leyes de Solidaridad, Integridad e Inteligencia impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Estas leyes, aprobadas en junio de 2025, incluyen medidas como la inmunidad para el personal de seguridad bajo investigación y cambios en la regulación bancaria. La suspensión de estos artículos ha generado críticas del Gobierno, que considera que la Corte está interfiriendo en su labor legislativa.

El presidente Noboa ha convocado a una marcha en Quito para expresar su desacuerdo con las decisiones de la Corte. Esta manifestación ha sido vista por algunos como una forma de presión política sobre el poder judicial, lo que ha generado preocupación sobre la independencia de la Corte.

En este contexto, la Corte Constitucional enfrenta desafíos significativos para mantener su legitimidad y autonomía. Mientras algunos sectores la defienden como garante de los derechos fundamentales, otros cuestionan su interpretación de la Constitución y su papel en la política nacional. El futuro de la Corte dependerá de su capacidad para equilibrar las demandas sociales y políticas con su mandato constitucional.