La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un plazo de tres meses al Estado ecuatoriano para presentar sus descargos sobre la destitución del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, ocurrida en febrero de 1997 bajo el argumento de “incapacidad mental”.

La notificación, enviada a través de la Cancillería, fue confirmada este lunes 11 de agosto de 2025 por el abogado de Bucaram, Jorge Sosa. El jurista recordó que, en aquel entonces, 44 diputados del Partido Social Cristiano (PSC) y la Democracia Popular (DP) aprobaron la moción en el Congreso Nacional sin que mediara un examen médico y con una mayoría simple, pese a que había 82 legisladores en funciones.

La demanda fue presentada por Bucaram en 2015, y en 2018 se realizó una audiencia en Colombia. Según Sosa, la CIDH ya tenía listo un informe, pero la notificación se retrasó con la pandemia. “De tanto insistir, nos notificaron hoy”, señaló.

Con el caso admitido, el Estado deberá sustentar si la destitución se ajustó o no a la legalidad. “Los que estuvieron ahí tendrán que explicar si eran psiquiatras para declararlo loco”, ironizó el abogado.