En Ambato, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) inauguró el Centro de Contraventores Tungurahua, una infraestructura destinada a recibir a personas que cumplen penas de corta duración por delitos menores, violencia intrafamiliar o por órdenes de apremio. El acto oficial tuvo lugar el martes 12 de agosto de 2025, con la presencia de autoridades penitenciarias y representantes de la fuerza pública.

El nuevo espacio se enmarca dentro de la estrategia nacional para reorganizar la población carcelaria, separando a los internos según el tipo de infracción y el nivel de seguridad que requieran. Con esta medida, el SNAI busca descongestionar otros centros penitenciarios de la provincia y del país, donde el hacinamiento se ha convertido en un problema estructural que afecta la seguridad, la convivencia y los procesos de rehabilitación social.

El teniente coronel en servicio pasivo Santiago Chávez, subdirector de Seguridad y Protección Penitenciaria, destacó que la apertura del centro representa un avance significativo en la modernización del sistema penitenciario ecuatoriano. Según indicó, la obra fue diseñada con altos estándares de seguridad, una gestión operativa más ágil y un enfoque centrado en la atención diferenciada a los privados de libertad, considerando su perfil y situación judicial.

Las instalaciones cuentan con celdas organizadas para garantizar condiciones dignas, áreas de servicios básicos, espacios de convivencia y oficinas administrativas. De acuerdo con el SNAI, esta infraestructura permitirá un control más eficiente y reducirá el riesgo de que los contraventores sean ubicados en centros de mayor complejidad, lo que a menudo generaba problemas de convivencia y exponía a personas con penas menores a un entorno penitenciario de alta peligrosidad.

El Centro de Contraventores Tungurahua también responde a un compromiso institucional por mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales en condiciones que respeten los derechos humanos. Las autoridades anticiparon que este modelo se replicará en otras provincias, como parte de un plan integral para fortalecer el sistema de rehabilitación social y garantizar una gestión más ordenada y segura de la población carcelaria.