La muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil desató una ola de indignación y el inicio de investigaciones fiscales y administrativas para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía General del Estado abrió de oficio una indagación previa y anunció que tomará versiones de madres, testigos y personal que pueda aportar datos. También ordenó el reconocimiento del lugar y la entrega urgente de las historias clínicas de los bebés fallecidos.

El Ministerio de Salud confirmó que los decesos fueron por “causas multifactoriales”, en su mayoría asociadas a la condición crítica de los neonatos prematuros o muy prematuros. Sin embargo, dos casos estarían vinculados a la peligrosa bacteria Klebsiella pneumoniae, cada vez más resistente a los antibióticos.

Las denuncias periodísticas han encendido la polémica: médicos del hospital habrían reutilizado cánulas nasales —que cuestan menos de cuatro dólares— por falta de insumos, lo que habría favorecido la propagación de la bacteria. El Ministerio de Salud negó esa práctica, pero no se pronunció sobre la escasez de materiales.

Como parte de las medidas inmediatas, el ministro de Salud, Jimmy Martin, destituyó al gerente del hospital, inició una auditoría y ordenó atención psicológica para los padres de los bebés afectados. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) también realizará una revisión a fondo de los protocolos y casos.

La tragedia ha provocado reacciones en todos los niveles: la Defensoría del Pueblo exigió un informe urgente, la Asamblea Nacional citó a las autoridades para rendir cuentas y el alcalde Aquiles Álvarez ofreció cubrir de inmediato la compra de insumos para evitar que algo así vuelva a repetirse.