Los distritos educativos en Ecuador, creados en la era del correísmo, nacieron con un propósito más político que técnico. Originalmente, estos espacios fueron diseñados para controlar y manipular al gremio docente, frenar los movimientos legítimos de maestros y consolidar estructuras de poder afines al gobierno de turno. Muchos de estos distritos incluso promovieron la eliminación de la personería jurídica de sindicatos y organizaciones magisteriales independientes, debilitando así la voz real del magisterio ecuatoriano.

A lo largo de los años, la asignación de rectores dentro de estos distritos ha estado marcada por favoritismos políticos y vínculos familiares, más que por el perfil profesional y las competencias necesarias para liderar una comunidad educativa. Esta práctica, contraria a la normativa vigente, ha perpetuado un sistema opaco donde la burocracia y la lealtad partidista priman sobre la calidad educativa y la transparencia administrativa. La permanencia de muchos de estos directivos por más de cuatro años sin cumplir con los procesos legales evidencia un incumplimiento grave que afecta la gestión escolar y, por ende, a los estudiantes. Recientemente, el gobierno actual ha decidido eliminar estos distritos educativos, argumentando la necesidad de un nuevo modelo que desburocratice la gestión y permita una administración más cercana a las realidades locales. Sin embargo, este movimiento también genera suspicacias. ¿Se trata realmente de una renovación estructural que favorezca la calidad educativa y la autonomía docente, o es una nueva estrategia para continuar el control político sobre el magisterio, esta vez sin intermediarios visibles?

Es importante analizar con cautela esta eliminación. El riesgo latente es que, sin mecanismos claros de participación y control, se reproduzcan viejas prácticas de manipulación y favoritismos bajo una nueva fachada administrativa. Para que esta reforma sea genuinamente beneficiosa, debe ir acompañada de procesos transparentes de selección de autoridades educativas, respeto absoluto a la normativa vigente y la inclusión activa del gremio docente en la toma de decisiones.

La eliminación de los distritos debe ser un paso hacia la democratización y el fortalecimiento institucional, no el inicio de una nueva etapa de manipulación.