La Empresa Pública Petroecuador inició la tercera fase de su reestructuración, que contempla la desvinculación de 936 trabajadores cuyos sueldos presentaban distorsiones que en algunos casos superaban el 300 % respecto a los estándares del mercado.

Entre el 8 y 9 de agosto se terminarán 205 contratos de servidores públicos y 731 contratos bajo el Código de Trabajo, con un ahorro anual estimado superior a 31 millones de dólares para el Estado.

Estos recursos serán reinvertidos en proyectos estratégicos y tecnológicos para fortalecer a Petroecuador y al sector energético nacional.

La estatal aseguró que el proceso se basa en un análisis técnico riguroso y en la normativa vigente, respetando derechos laborales y priorizando la protección de grupos vulnerables y dirigentes sindicales.

Además, garantizó que las funciones del personal desvinculado serán cubiertas por empleados con perfiles y calificaciones equivalentes, para asegurar la continuidad operativa.

“Esta reestructuración es clave para optimizar recursos y mejorar la rentabilidad en beneficio del país”, afirmó Petroecuador, que reafirma así su compromiso con la eficiencia y la transparencia en la gestión pública.