El que no está de acuerdo con el gobierno es enemigo del pueblo. Parece una sentencia populista, totalmente contraria a la tolerancia democrática, pero es, ni más ni menos, lo que dicen los voceros de nuestro gobierno y no contra adversarios políticos, sino contra los integrantes de otra función del Estado, la Corte Constitucional.

A pesar de la timorata actuación de esta Corte, cuando el atropello del gobierno a la exvicepresidente y a la Constitución, la suspensión de varios artículos de las leyes aprobadas, casi sin debate por un Parlamento complaciente, es lo que desató la confrontación. En cosa de horas, el gobierno anunció una consulta para someter la Corte a control político en la Asamblea.

¿Quiere usted que la Corte Constitucional esté sujeta a juicio político? La pregunta es una amenaza y una invitación a la autoinmolación porque son los amenazados los que deben autorizar la consulta. Unas horas antes, representantes del gobierno y la legislatura, rodeados de militares, habían acusado a los magistrados de estar del lado de los delincuentes.

Simulan no entender que hacer control constitucional es obligación de la Corte y no para ponerse del lado de los delincuentes, sino para proteger a los ecuatorianos de abusos del poder, de violaciones a la Constitución y para custodiar los derechos fundamentales de los ciudadanos; esa es la función de la Corte.

Si se autoriza la consulta y es aprobada, quedaría en manos del gobierno el control constitucional, la mayoría legislativa, el control de los jueces y la designación de los órganos de control por medio del Consejo de Participación Ciudadana. Se produciría una avalancha de poder en favor del Ejecutivo. La forja de un caudillo.

El último de los errores acumulados esta semana es la organización de una manifestación en contra de la Corte Constitucional en Quito convocada por el presidente Daniel Noboa. ¿Quiénes asistirán? ¿Qué harán a las puertas de la Corte? ¿Qué pasará luego si la Corte niega la consulta?