Desde 2008, los presidentes de Ecuador han adquirido una mala costumbre. Cada vez que quieren hacer algo que el marco normativo no les permite, recurren a un referendo o a una consulta popular. Lo hizo Correa, lo hizo Moreno, lo hizo Lasso, y ahora lo vuelve a hacer Noboa.

El reciente anuncio de una nueva consulta en diciembre ya no sorprende a nadie. En el escenario político ecuatoriano, se ha normalizado el uso de este mecanismo como una vía para sortear restricciones legales, medir popularidad o consolidar poder. ¿El presidente quiere hacer algo que la Constitución no autoriza? Consulta. ¿Quiere intervenir en funciones del Estado que no están bajo su control? Consulta. ¿Busca ganar popularidad con propuestas llamativas pero poco útiles? Consulta.

La consulta popular, originalmente concebida como una de los más importantes mecanismos de democracia directa y legitimidad ciudadana, se ha desvirtuado y convertido en una herramienta política. En la práctica, ha funcionado como termómetro electoral y como medio para reconfigurar instituciones a conveniencia del poder de turno.

Las preguntas anunciadas abordan una serie de temas inconexos. Algunas ya han sido planteadas anteriormente y ya han recibido respuesta de la Corte Constitucional en cuanto al procedimiento a seguir, que no es precisamente el de una consulta popular directa. Otros temas como el número de asambleístas o el trabajo por horas ya fueron consultados y recibieron respuestas negativas de la ciudadanía.

Dado que la inseguridad y la crisis económica son las mayores preocupaciones de la población, no queda clara la urgencia de preguntar sobre este tipo de cuestiones. No se diga sobre la pregunta más polémica que propone habilitar el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Llega poco después de que la Corte, tras recibir decenas de acciones de inconstitucionalidad, suspende temporalmente varios artículos de las recientes leyes económicas urgentes aprobadas por la Asamblea. Tomando en cuenta la naturaleza política de estos juicios y que el oficialismo cuenta con mayoría legislativa, la intención parecería ser más bien la de debilitar a una institución que ha sido uno de los pocos contrapesos al poder político, no solo en este período, sino también en los anteriores.

Por lo pronto todo esto es incierto. El presidente ya dejó de lado la propuesta de la castración química de los violadores y ni siquiera consideró deshacer la metida de mano en la justicia preguntando por la eliminación del Consejo de la Judicatura. Ahora habrá que ver si la ciudadanía una vez más responde en función de la popularidad del presidente que convoca al proceso o si, por el contrario, analiza detenidamente y concluye que una consulta como esta no resolverá los problemas reales de su día a día.