Los niños/as y adolescentes aprenden a conocer el mundo a través de su cuerpo. Cuando un niño/a o adolescente es víctima de violencia sexual, aprende que el mundo no es un lugar seguro. Sufre dolor, se siente traicionada/o y es muy posible que experimente las contradictorias sensaciones durante la violencia sexual, lo cual incrementa la culpa. Las personas víctimas de violencia sexual aprenden cómo hacer para que sus cuerpos eviten esas sensaciones o se insensibilicen en la medida de sus posibilidades, lo que le traerá tremendas repercusiones al relacionarse con su cuerpo y en sus próximas relaciones íntimas y sexuales.

Al analizar la violencia sexual como parte de la violencia social y personal, es necesario definirla como una de sus formas más atroces. Posiblemente una de las expresiones más paradigmáticas del poder sea el sometimiento sexual al otro. Las estadísticas demuestran que la mayoría de los casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes ocurran en sus entornos más cercanos y siguen un patrón común que es la confianza que tiene la víctima en el perpetrador, lo que supone un factor de riesgo muy complejo.

La Investigación Sobre el Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el Ecuador realizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador en el año 2009, mediante una encuesta que se aplicó a 548.289 niños, niñas y adolescentes, se demostró que comparativamente en un el 79,3% son las mujeres sufren mayores niveles de violencia sexual que los hombres.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, en los datos obtenidos a través de la Encuesta de Violencia realizada en 2019, se preguntó a las mujeres si habían sido obligadas a tener relaciones sexuales de cualquier tipo, a la cual el 6,7% contestaron afirmativamente, lo que significa que aproximadamente 379.098 mujeres de 15 o más años declaran haber sido víctimas de violación. De ellas, el 31,8% fueron violentadas por sus parejas o ex parejas. Resulta alarmante que el 7% de las mujeres de entre 20 y 29 años ya reporten haber sido víctimas de violación, lo que indicaría que este comportamiento abusivo de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres estaría aumentando entre la generación más joven.

Estos datos nos delatan como una sociedad atrapada en el horror de las violencias contra las mujeres. Más de 52 mil casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Ecuador, entre 2018 y 2023, sólo el 4% recibió sentencia. La cultura de la violación permea a la sociedad ecuatoriana y al ejercicio de lo que Barjola denomina microfísica sexista del poder. No distingue clase social, tampoco educación, instituciones o roles políticos, laborales o profesionales.

La pedofilia o paidofila está clasificada como una parafilia o un trastorno, según la OMS se “caracteriza por un patrón sostenido, focalizado e intenso de excitación sexual, que se manifiesta con pensamientos, fantasías, deseos intensos o conductas sexuales persistentes que involucran a niños o niñas pre púberes”. La pederastia no es un fenómeno aislado. Se estima que un 25% de la población adulta, en el mundo, ha sufrido durante su infancia algún tipo de violencia sexual a manos de pederastas, según los datos analizados de cifras presentadas por organizaciones involucradas en la erradicación de la violencia clerical, en la salud mental de víctimas adultas de violencia sexual en la niñez y adolescencia y en la erradicación del abuso infantil. Igual que los pedófilos, los pederastas, generalmente, tienen capacidades mentales normalmente desarrolladas y, son capaces de distinguir lo bueno o positivo de lo malo o negativo. Es decir, están plenamente conscientes y son responsables de sus actos, y por tanto son penalmente imputable. La castración química no sustituye la pena.

La castración química es un procedimiento médico reversible y de resultado temporal al suspender el tratamiento. Se usan sustancias hormonales para disminuir la testosterona. Así se inhibe la libido y, se controla los impulsos sexuales. Según Gonzales GF. y Baltodano-Calle M (2022) una reciente revisión publicada en 2022 indica que los estudios hasta 2021 no proporcionan alguna evidencia empírica de que los medicamentos para reducir la testosterona reducen la actividad sexual en pacientes con desorden de pedofilia o trastorno del comportamiento sexual compulsivo. El cuerpo de evidencia sigue siendo escaso.

La castración química ha sido impuesta en diferentes países desde hace buen tiempo. En Dinamarca se aplicaba la castración quirúrgica desde 1929 y fue reemplazada por la castración química en 1973. Alemania aplica la castración química por ley desde 1969. En otros países se aplica voluntariamente como en Suecia desde 1993, Francia desde 1997 y Reino Unido desde 2008. En Estados Unidos se aplica por decisión de una corte de justicia desde 1996 en California y de 1997 en Florida. En Corea se aplica desde 2011.

En cuanto a los países de Europa Oriental se encuentra en Polonia, Moldavia, Estonia, y en el continente Euroasiático Rusia. En este último país se aprobó en el año 2012. La castración química fue vista como un tipo de endurecedor de pena para los pederastas reincidentes por abusos a un menor de 14 años: Poma Guamán, G. A., & Arciniegas Castro, C. L. (2023)

En el estudio de Fuster, García y Ochoa (1988), se destaca que el reconocimiento de los factores individuales en los casos de violencia infantil no debe conducir a ignorar el contexto social en el que estas agresiones ocurren. Los autores advierten que las investigaciones coinciden en que únicamente el 10% de los casos de violencia pueden atribuirse de forma exclusiva a características personales, trastornos mentales o psicopatologías individuales.

Este hallazgo ha motivado, en las últimas décadas, una evolución en las políticas y programas de protección social, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Se ha tendido a dejar atrás las soluciones centradas exclusivamente en el individuo, avanzando hacia nuevos paradigmas que abordan la violencia desde una perspectiva sistémica y ecológica.

Estos enfoques, inspirados en la teoría de sistemas y el modelo ecológico de desarrollo humano, comprenden al niño, niña y adolescente como parte de un entramado de relaciones y estructuras que interactúan entre sí. Así, se reconoce la influencia de múltiples niveles interdependientes: el individuo, la dinámica familiar, las interacciones con redes de apoyo formales e informales, y el contexto sociocultural que puede fomentar o inhibir la violencia.

Desde esta perspectiva, la violencia infantil es un fenómeno multideterminado y multidimensional, y por tanto, su abordaje exige intervenciones integrales que consideren la interacción de todos los sistemas implicados. Tanto las respuestas institucionales como las acciones políticas y programáticas deben contemplar esta complejidad para ser eficaces y sostenibles.

Ante la creciente demanda social de seguridad, muchos representantes políticos optan por impulsar reformas que agravan las sanciones penales y tipifican nuevas conductas como delitos. Con estas medidas buscan transmitir una señal de control y firmeza a la ciudadanía. Un ejemplo extremo de este enfoque es la propuesta de implementar la castración química como castigo para quienes cometen delitos sexuales.

No obstante, este tipo de respuestas rara vez logra sus objetivos. Lejos de incrementar la seguridad o reducir la incidencia delictiva, estas políticas suelen resultar ineficaces y hasta contraproducentes. La raíz del problema no está en la falta de sanciones, sino en la debilidad estructural del sistema judicial, en una política criminal desfasada y en la falta de un enfoque criminológico riguroso.

Otro aspecto es el costo del tratamiento. En Corea se ha establecido que el costo de la administración y monitoreo por persona/año administrando acetato de leuprolide (análogo de GnRH) cada tres meses es de USD 4,650.23.

Las evidencias actuales no son suficientemente fuertes para apoyar la castración química a los violadores sexuales de niños; más aún, Ecuador debe especialmente a las niñas y mujeres una política consistente que procure prevenir y disminuir la violencia sexual.