La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional tramita el proyecto de Ley de Transparencia Social, una iniciativa enviada por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica y que podría generar ingresos permanentes por más de USD 545 millones anuales. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó el respaldo técnico a la propuesta, destacando que su objetivo es robustecer el control tributario y financiero en el país, así como garantizar una mayor transparencia en el manejo de recursos por parte de entidades privadas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro.

Durante la sesión, la subsecretaria de Planificación, Andrea Sánchez, y el subsecretario de Política Fiscal, Sebastián Londoño, explicaron que una de las reformas clave es la modificación del artículo 39.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Esta disposición establece un impuesto único del 12 % sobre la distribución de dividendos, con lo cual se estima una recaudación adicional de USD 545,82 millones para las arcas fiscales. Según el Ministerio, esta medida busca asegurar ingresos sostenibles y reducir la dependencia de fuentes extraordinarias.

El proyecto también contempla nuevas facultades para la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), como la posibilidad de ejecutar retenciones anticipadas de fondos mediante procedimientos administrativos. Esta propuesta fue respaldada por representantes del sistema financiero, quienes consideran que dotaría al Estado de herramientas más eficaces para combatir operaciones irregulares, especialmente aquellas asociadas al lavado de activos. El presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, Marco Rodríguez, destacó que el fortalecimiento de la UAFE permitirá actuar con mayor celeridad ante señales de riesgo financiero.

Sin embargo, el articulado también generó observaciones. El director jurídico del Comité Empresarial Ecuatoriano, Emilio Gallardo, solicitó que se clarifique el alcance de las disposiciones para evitar que fundaciones, gremios u organizaciones sociales legalmente constituidas enfrenten obstáculos innecesarios para cumplir sus funciones. En la misma línea, voceros de la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo advirtieron que muchas organizaciones pequeñas no cuentan con recursos suficientes para cumplir las exigencias regulatorias. Propusieron que se adapte el modelo de supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante una clasificación de riesgos más equitativa, acompañamiento técnico y acceso gratuito a procesos de capacitación.

Desde el Ministerio de Economía se insistió en que la normativa busca reforzar el control institucional sin desincentivar la participación del sector privado ni de la cooperación internacional. El proyecto, señalaron, está pensado para corregir vacíos legales que permiten el ocultamiento de ingresos, promover la transparencia y asegurar el uso adecuado de recursos.

La Comisión de Desarrollo Económico continuará con la fase de recepción de observaciones y propuestas, antes de avanzar en la elaboración del informe para primer debate en el Pleno legislativo.