Daniel Noboa, ha convocado una nueva consulta popular para el 14 de diciembre de 2025, con el objetivo de fortalecer su agenda de seguridad y justicia. Esta iniciativa marca la segunda vez que Noboa recurre a este mecanismo desde su llegada al poder en noviembre de 2023. La propuesta incluye siete preguntas que abordan temas como la seguridad, el empleo y la regulación de casinos. Una de las cuestiones más controvertidas es la que plantea permitir el control político sobre los jueces de la Corte Constitucional, una medida que ha generado preocupación por su posible impacto en la independencia judicial.

Históricamente, los presidentes ecuatorianos han utilizado las consultas populares para someter a votación temas de relevancia nacional. Desde el retorno a la democracia en 1979, cinco mandatarios han impulsado este mecanismo, combinando preguntas de escasa trascendencia con otras de mayor peso político. En 1994, Sixto Durán Ballén convocó una consulta que incluyó preguntas sobre la administración de fondos públicos por parte de diputados y la participación de ciudadanos no afiliados a partidos políticos como candidatos de elección popular. En 1997, Fabián Alarcón utilizó la consulta para legitimar su mandato tras la destitución de Abdalá Bucaram y para preguntar sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Durante su gobierno, Rafael Correa convocó cuatro consultas populares, siendo la de 2011 la más significativa. En ella, se incluyeron propuestas como la prohibición de que los accionistas de instituciones financieras o de empresas de comunicación tengan participación en otros ámbitos, y la creación de un Consejo de la Judicatura encargado de la administración y disciplina de la función judicial.

La consulta popular convocada por Noboa se presenta como una herramienta para consolidar su poder y avanzar en reformas clave para su administración. Sin embargo, la inclusión de preguntas relacionadas con el control judicial ha generado un debate sobre la posible concentración de poder y el respeto a la independencia de las instituciones. El resultado de esta consulta podría marcar un hito en la historia política reciente de Ecuador, dependiendo de la respuesta de la ciudadanía y de la postura de otros actores políticos y sociales.