La tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional (CC) sigue escalando. Este martes 5 de agosto, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), salió en defensa del alto tribunal tras los duros cuestionamientos lanzados por el Gobierno y la Asamblea Nacional, ambos liderados por el oficialismo, luego de que la Corte suspendiera provisionalmente artículos clave de tres leyes promovidas por el presidente Daniel Noboa.

“Rechazamos los ataques a la Corte Constitucional por suspender normas que amenazan derechos”, escribió Goebertus en su cuenta de X, junto a un video en el que la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente del Legislativo, Niels Olsen, acusan a la Corte de “arrebatar” a los ciudadanos leyes necesarias para combatir la delincuencia y la corrupción.

Goebertus recordó que la Corte cumple un rol fundamental en la protección del Estado de Derecho y subrayó que debe poder actuar con independencia y sin presiones. “Las autoridades deben respetar y garantizar su labor”, puntualizó.

El máximo tribunal decidió suspender temporalmente varios artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública, todas tramitadas con carácter urgente por el Ejecutivo, lo que obligó a la Asamblea a aprobarlas en apenas 30 días.

La decisión de la Corte se dio tras múltiples demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales, sindicatos y defensores de derechos humanos, quienes alegan que estas normas vulneran derechos fundamentales.

Entre los artículos más polémicos suspendidos están:

• Ley de Inteligencia: permitía a agentes encubiertos asumir identidades falsas, solicitaba datos a empresas telefónicas sin orden judicial y habilitaba el uso de fondos sin seguir la Ley de Contratación Pública.
• Ley de Solidaridad Nacional: otorgaba al presidente la posibilidad de conceder “indultos anticipados” a policías y militares procesados durante el conflicto armado interno declarado contra el crimen organizado. También se creaba un régimen especial con objetivos militares durante dicho conflicto.
• Ley de Integridad Pública: imponía la transformación obligatoria de cooperativas de ahorro y crédito en bancos del sector privado, medida suspendida por la Corte por considerarla una posible amenaza a su naturaleza jurídica.

Oficialismo reacciona con dureza

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, y la ministra Rovira comparecieron públicamente tras conocer el fallo, acompañados por policías y militares, enviando un mensaje de confrontación.

“Admitir a trámite y suspender provisionalmente no es un acto neutro, es dejarnos sin defensa”, declaró Rovira, refiriéndose a las fuerzas del orden que enfrentan el crimen organizado.

Olsen fue más allá al decir que “no hay puntos intermedios: o se está del lado de quienes defienden al país o del lado de quienes les quitan herramientas para dárselas a los criminales”.