¿De verdad, nada se hace bien? Desde hace largo tiempo se dice que el estado ecuatoriano padece de obesidad por su tamaño y peso burocrático desmedido. Analistas, columnistas de medios, ciudadanos en las redes sociales, han planteado al gobierno de turno -y censurado duramente al régimen sigloveintiunero responsable de su descarado engorde-, tener la voluntad política de realizar su achicamiento. Cuando esto sucede y se despiden, según cifras gubernamentales, a 5.000 empleados, los mismos citados critican la medida: qué pena, qué va a pasar con esas 5.000 familias; apenas son 100 millones de dólares anuales de ahorro; con qué argumento técnico se los desemplea; hay que protestar en las calles y exigir que se los reintegre; que es imposición del FMI; que es marca neoliberal. Y, también, se censura la decisión de reducir el número de ministerios de 20 a 14, y de 9 a 3 las secretarías con ese mismo rango, lo cual, según ahora se señala, producirá vacíos de atención en las áreas tocadas y se perjudicará al país, lo que no se pensaba hace poco nomás cuando se decía que había ministerios innecesarios y en exceso.

¿Cierto, nada se hace bien? La Constitución (artículos 313 y 314) dispone que el “Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos”, a saber energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, manejo petrolero, biodiversidad, espectro radioeléctrico, agua “y los demás que determine la ley”, y que “el Estado será responsable de la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley”. La reprobación a su existencia ha sido durísima por lo desastroso que es para los ecuatorianos la pésima, corrupta y negligente administración estatal de estos sectores y servicios. Ahora, cuando se habla de reformar esos artículos, las voces de condena se multiplican porque, anotan, si eso sucede se pierde soberanía (¿?), las tarifas de los servicios se encarecen, habrá más desempleo y, por lo mismo, la Corte Constitucional debe impedirlo.

¿Real, nada se hace bien? Los reproches porque las disputas entre Asamblea Nacional y Gobierno Central no permiten gobernabilidad, han sido despiadados. Ahora que existe cordialidad y votos para aprobar leyes, gracias a la mayoría legislativa que ha consolidado el régimen, sobre todo desde la oposición política y la columna periodística, los puristas constitucionales y los troles, se alerta sobre una débil democracia, sin fiscalización, sin contrapesos y peligro de crear un modelo autoritario.

De verdad, cuán difícil es para Ecuador, en medio de este galimatías, encontrar la fórmula apropiada para salir del atasco en el que se encuentra y para que los ecuatorianos puedan saborear las mieles del progreso y del bienestar.