Hace una semana cayó en mis manos un estudio devastador. Fue realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Embajada y el Consulado de EE.UU., junto con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Su tema: el reclutamiento de niños y adolescentes ecuatorianos por parte de los Grupos Delictivos Organizados (GDOs).

Este informe es una joya… pero una joya escondida. Una herramienta poderosa para diseñar política pública en favor de nuestros menores. Debería estar en manos de alcaldes, prefectos, docentes, padres de familia, periodistas. Pero no está. Los responsables de difundir este estudio no hicieron bien su trabajo porque ha habido poquísima cobertura sobre el informe y no hay conversación en redes.

Yo lo leí entero, y aquí va un resumen con los pocos datos que, en mi opinión, no pueden seguir en la sombra.

El estudio se realizó en nueve ciudades costeras: Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Santa Elena, Guayaquil y Durán. Se centró en niños y adolescentes entre 12 y 17 años, pero también recoge lo que ocurre con menores desde los 6.

El informe es claro y brutal: los GDOs operan como empresas, y por eso reclutan menores. ¿Por qué?

• Mano de obra barata
• Menor riesgo judicial
• Relevo generacional
• Miedo y control territorial
• Utilidad como espías: cuanto más jóvenes, más invisibles

Incluso hay un “rol por edad” dentro del crimen organizado:

Niños de 6 a 12 años → mensajeros, campaneros, “mulas”
 Adolescentes de 13 a 17 → extorsionadores, ladrones, desaparecedores de cuerpos, gatilleros… e incluso usados como “compañeros sexuales”

 Este sistema de reclutamiento se normaliza porque nuestros guaguas conviven desde muy temprano con la estética, el lenguaje y la lógica de la violencia. El 51,1% de los encuestados dijo conocer bandas criminales activas en su barrio. En Durán esa cifra escala al 77%, y en Santa Elena, al 75%.

Y peor aún:
El 27,6% afirmó tener una relación directa con algún miembro de estos grupos.

• En Esmeraldas, el 40% dice conocer a criminales
• En Guayaquil, el 32,9%
• En Quevedo, el 31,6%
• Y en Durán y Santa Elena, el 25,5% y 22%

Los datos siguen. Son crudos. Son útiles. Y deberían estar en el debate nacional ya mismo.

Pero mientras las instituciones que hacen estos estudios crean que subir un PDF a LinkedIn o mandar el estudio con un boletín es “cumplir con su trabajo”, no entenderemos la magnitud real del problema.

Nuestros adolescentes están siendo usados como carne de cañón, como piezas reemplazables del lumpen organizado. No es solo una crisis de seguridad: es una infección profunda en nuestra infancia, y si no hacemos nada, será terminal.