El Gobierno sostiene que cerca de 600 millones de dólares se lavan cada año en Ecuador y que las organizaciones de la sociedad civil manejan unos 300 millones, cifras que sirven como base para impulsar el proyecto de Ley de Control de Flujos Irregulares de Capitales, con carácter económico urgente. Pero para César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, el verdadero riesgo está en que la norma se convierta en una herramienta de persecución y estigmatización.

En entrevista con Ecuavisa, Ricaurte advirtió que los datos presentados por el Ejecutivo carecen de sustento técnico y que el proyecto parte de una sospecha generalizada hacia las organizaciones sin fines de lucro. “Nos convierte a todas en sospechosas. Eso es inaceptable”, dijo.

El dirigente criticó que no exista un estudio serio sobre la magnitud económica del llamado “tercer sector” y que se pretenda legislar desde la desconfianza. “Si hay casos de lavado, que se investigue y se denuncie ante la Fiscalía. Pero no se puede criminalizar a todo un sector que ha sido clave en el desarrollo social, la defensa de derechos y la democracia”, señaló.

Además, Ricaurte hizo una fuerte comparación con el pasado: dijo que el discurso actual recuerda al del decreto 16 del correísmo, cuando se restringió el accionar de las ONG. “El relato es el mismo: que las organizaciones desestabilizan, que lavan dinero… Parece una película de los años 30”, ironizó.

También alertó sobre el impacto que tendría esta ley en la cooperación internacional. “Pondría en riesgo la llegada de fondos para proyectos sociales, ambientales y de derechos humanos. La sociedad civil es parte esencial del tejido democrático del país y está siendo amenazada”.