La canciller Gabriela Sommerfeld aclaró que la cooperación internacional en materia de seguridad no contempla la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Esta afirmación surge en medio del debate generado tras la consulta popular aprobada en abril, que permite la presencia de fuerzas extranjeras en el país con fines de apoyo en la lucha contra el crimen organizado.

“Esto no significa ceder soberanía ni permitir bases militares permanentes”, enfatizó Sommerfeld. Añadió que la colaboración con otros países, como Estados Unidos, se limita a operaciones conjuntas, capacitación, intercambio de información y asistencia técnica, todo enmarcado dentro del respeto a la Constitución y a los convenios internacionales suscritos por Ecuador.

La jefa de la diplomacia ecuatoriana destacó que uno de los objetivos de esta cooperación es fortalecer las capacidades del país frente a amenazas transnacionales, como el narcotráfico, el tráfico de armas y la delincuencia organizada.

El artículo 5 de la Constitución prohíbe expresamente el establecimiento de bases extranjeras en el territorio nacional. Por ello, el Ejecutivo ha insistido en que la consulta popular no modifica esta disposición, sino que habilita mecanismos puntuales de colaboración operativa.

El tema ha generado posturas divididas. Mientras sectores oficialistas consideran la cooperación como una herramienta clave para enfrentar la violencia, actores de la oposición y organizaciones civiles expresan su preocupación por una eventual injerencia foránea en asuntos de seguridad interna.

Sommerfeld reiteró que cualquier acción conjunta con fuerzas extranjeras se ejecutará bajo supervisión del Estado ecuatoriano, y que la soberanía nacional no está en juego.