El presidente Daniel Noboa oficializó este 5 de agosto las siete preguntas que conformarán la nueva consulta popular y anunció que el siguiente paso será su envío a la Corte Constitucional, entidad encargada de verificar la legalidad de cada propuesta antes de que se convoque al proceso electoral.

La revisión de la Corte es un requisito indispensable. Solo con su dictamen favorable el Consejo Nacional Electoral (CNE) podrá definir la fecha y organizar la votación, que el Gobierno espera realizar a finales de este año.

Las preguntas presentadas por el Ejecutivo abordan temas sensibles como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cambios en la forma de fiscalización de los jueces de la Corte Constitucional, la regulación del funcionamiento de casinos y casas de apuestas, y otras reformas orientadas a la seguridad, justicia y desarrollo económico.

La propuesta del presidente se enmarca en su estrategia política de reformas estructurales. Es la segunda vez en su mandato que plantea una consulta popular; la primera se realizó en abril de este año con once preguntas, de las cuales nueve obtuvieron respaldo mayoritario.

Desde el Ejecutivo se ha enfatizado que esta nueva consulta busca profundizar los cambios iniciados, fortalecer la institucionalidad y reducir los márgenes de impunidad en el sistema judicial.

Una vez recibidas, la Corte tendrá un plazo no definido constitucionalmente para emitir su pronunciamiento. Mientras tanto, el CNE no podrá avanzar con la organización del proceso electoral.

El Gobierno espera que el trámite sea expedito para que los ciudadanos puedan acudir nuevamente a las urnas antes de que termine el 2025.