En los últimos días, se ha evidenciado una campaña articulada, preocupante por su intensidad y por sus implicaciones democráticas, cuyo objetivo es minar la legitimidad y credibilidad de la Corte Constitucional ante la opinión pública. Diversos medios de comunicación, en aparente coordinación, han difundido mensajes de descalificación hacia el máximo órgano de control constitucional del país. Incluso, se ha planteado lo que constituye un despropósito: la eliminación de la propia Corte.

Esta arremetida tiene una clara finalidad. Persigue debilitar uno de los pocos espacios institucionales que aún se mantiene independiente frente a las presiones del poder político. La ofensiva coincide, además, con un momento crucial: cuando la Corte debía resolver en torno a la inconstitucionalidad de diversas normas como la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la reciente Ley de Integridad Pública.

La Corte, en ejercicio de sus competencias, ha actuado con firmeza democrática: suspendió de manera provisional artículos que comprometen pilares esenciales del orden constitucional y concedió medidas cautelares frente a disposiciones que, bajo el discurso de la eficiencia, introducen riesgos graves a derechos y garantías fundamentales. Esta actuación es coherente con su rol de garante de la supremacía constitucional y del Estado de derechos y justicia.

Más aún, esta campaña se produce en un contexto de deterioro acelerado de la institucionalidad estatal. El reciente Decreto Ejecutivo No. 60, que dispone la fusión de varios ministerios y secretarías de Estado, debilita gravemente a sectores dedicados implementar políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género, la cultura, la vivienda, el combate a la desnutrición infantil, entre otros. Lejos de evidenciar eficiencia, estas decisiones profundizan la precariedad del aparato estatal y afectan de manera directa a poblaciones históricamente vulnerables.

En este escenario, la Corte Constitucional se convierte en una pieza clave para contener los excesos del poder. No es casual que quienes ostentan el poder pretendan ahora deslegitimar a la única institución que aún puede poner límites efectivos a su accionar. A quienes conciben al Estado como una extensión de sus intereses económicos, les resulta incómoda la existencia de frenos constitucionales. En otras palabras, les incomoda la democracia.

Frente a estos intentos de concentración del poder, los ecuatorianos debemos comprender que defender la Corte Constitucional no es defender a una institución en abstracto, sino a la posibilidad de proteger derechos fundamentales. No podemos permitir que el país se convierta en una hacienda más del grupo económico que hoy está en Carondelet.