La Isla Puná, principal comunidad pesquera del Golfo de Guayaquil, enfrenta una grave crisis de inseguridad que afecta a sus habitantes, quienes dependen en un 90 % de la pesca para su sustento. Tres organizaciones delictivas han impuesto un sistema de control mediante forros de colores en las embarcaciones, que funcionan como símbolos de dominación y mecanismos de extorsión.

Los pescadores están obligados a colocar en sus motores forros de colores específicos: negro para la banda “Los Lobos”, rojo para “Los Tiguerones” y blanco para un grupo no identificado. El incumplimiento de esta norma conlleva amenazas, confiscación y destrucción de equipos, además de pagos mensuales que oscilan entre USD 25 y USD 60. Las tarjetas de control entregadas por las bandas son otro método para mantener bajo su poder a la comunidad.

El último episodio violento ocurrió el 31 de julio, cuando al menos 30 sujetos armados atacaron con disparos y explosivos el muelle de Barrio Lindo. Dos embarcaciones fueron incendiadas y varios comuneros resultaron aterrorizados. La ausencia de presencia policial y militar agrava la situación, dejando a la isla a merced de estas organizaciones.

La economía local y la seguridad de sus habitantes se encuentran en riesgo, mientras los pedidos de intervención inmediata a la Armada y la Policía se multiplican. La falta de apoyo estatal efectivo aumenta la vulnerabilidad de los pescadores, que ven comprometida no solo su seguridad, sino también su fuente de ingresos.

Este panorama evidencia la necesidad urgente de fortalecer el control territorial y garantizar la protección de las comunidades ribereñas del Golfo de Guayaquil.