El presidente Daniel Noboa ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de Fundaciones para combatir el lavado de activos, en ella también ha incluido impuestos. La mayoría en la legislatura le garantiza su aprobación, por ello apuran el envío de leyes complejas ahora que pueden pasar sin debate.

Anuncia también una consulta popular en diciembre sin definir todavía los temas. Seguramente obedece a un cálculo de los niveles de popularidad con que puede llegar a fin de año. Simultáneamente, el Ejecutivo maniobra, sin mucho escrúpulo, el Consejo de Participación Ciudadana y su comisión técnica para controlar el Consejo de la Judicatura.

En la operación política tienen papel importante los conversos del correísmo que no se sabe cómo llegaron al gobierno, pero han armado un grupo de operadores desalmados compuesto por parientes, amigos, empleados de confianza y tránsfugas que se mueven sigilosos y controlan reglamentos y nombramientos.

El gobierno ha enviado su terna para el Consejo de la Judicatura, ha cambiado la terna enviada por la legislatura anterior y ha cambiado la terna de la Corte Nacional de Justicia. Este mes concluirá el oscuro operativo que terminará con un Consejo de la Judicatura servicial al gobierno. Podrá entonces iniciar la reestructuración de la Justicia y controlar la designación de Fiscal y todos los organismos de control.

Los organismos de control existen para vigilar que los poderes del Estado cumplan las leyes y para evitar la corrupción. ¿El gobierno se controlará a sí mismo? Los que se perfilan como candidatos a controladores se han comportado como serviciales al gobierno en los cargos que han desempeñado.

Todo esto está pasando sin que nadie diga nada. Cuando todo el poder esté concentrado será tarde para hacer observaciones, será llorar sobre la leche derramada. Ahora es el momento para exigir transparencia, para que hablen abogados, académicos, gremios, sindicatos y para que la prensa investigue y diga lo que oculta el gobierno.