El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que abre la puerta a la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele. La medida, adoptada con 57 votos a favor y tramitada en tiempo récord, también amplía el período presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.

La decisión legislativa, calificada por organizaciones civiles como un retroceso democrático, consolida el poder del mandatario, quien ya fue reelegido para un segundo mandato pese a las restricciones constitucionales previas. A partir de 2027, las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se realizarán en una sola jornada, facilitando un control más amplio del aparato estatal por parte del oficialismo.

La reforma fue impulsada por el partido Nuevas Ideas, sin debate público previo ni proceso de doble votación como establece la tradición constitucional. La rapidez con la que se aprobó el cambio generó críticas tanto dentro como fuera del país.

Organismos de derechos humanos como Cristosal advirtieron que El Salvador se encamina hacia un modelo autoritario, similar al de regímenes donde las instituciones son debilitadas para favorecer la permanencia indefinida en el poder. La organización señaló que se trata de “un golpe letal a la democracia”.

Desde la oposición, la legisladora Claudia Ortiz calificó la votación como “una parodia de democracia”, mientras que su colega Marcela Villatoro, de ARENA, denunció que con esta reforma “ha muerto la democracia salvadoreña”.

Bukele, por su parte, respondió a las críticas señalando que la mayoría de países desarrollados permiten la reelección sin que ello sea cuestionado. “El problema no es el sistema; el problema es que un país pobre se atreva a actuar como soberano”, escribió en sus redes sociales.

La medida se suma a una serie de decisiones que han consolidado el control del Ejecutivo sobre otras funciones del Estado, como la destitución de jueces, la cooptación de la Corte Suprema y un prolongado régimen de excepción que ha derivado en miles de detenciones sin debido proceso.

Aunque el mandatario goza de una alta popularidad, especialmente por sus políticas de seguridad, sectores nacionales e internacionales advierten que el país podría estar dejando atrás los principios republicanos y democráticos que garantizan la alternancia en el poder.