Desde México, el secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana (RC), Andrés Arauz, lanzó una advertencia directa: el movimiento impulsará procesos de revocatoria de mandato contra los legisladores que abandonaron sus filas o fueron expulsados en 2025. La meta, según dijo, es clara: recuperar las curules perdidas y reorganizar la bancada en la Asamblea Nacional.

“Traicionaron a los votantes”, sentenció Arauz en declaraciones difundidas este fin de semana. Según el excandidato presidencial, los asambleístas que rompieron con RC desconocieron el plan de gobierno que defendieron en campaña, por lo que considera legítimo activar la figura de revocatoria de mandato.

Sin embargo, el camino no será inmediato: el proceso exige una recolección de firmas, su validación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, posteriormente, la convocatoria a una consulta popular.

Quiénes son los legisladores en la mira

Entre los nombres que figuran en esta ofensiva política están Jhajaira Urresta —quien se alejó del bloque tras recibir agravios públicos por parte de la presidenta de RC, Luisa González—; Santiago Díaz Asque, investigado por presunta violación; David Arias; Mónica Salazar, actual integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL) como representante de RC; y Sergio Peña. Algunos salieron voluntariamente, mientras que otros fueron expulsados.

Aunque Salazar aún ocupa un cargo institucional en representación de RC, su posición está en entredicho debido a la fractura interna del movimiento.

Arauz también adelantó que, hacia finales de 2025, posiblemente en noviembre, Revolución Ciudadana celebrará una nueva Convención Nacional para renovar su dirección política. La última se realizó en noviembre de 2023.

Desde el exilio en México —donde reside con estatus de refugiado político— Arauz enfrenta además un proceso penal. El pasado 4 de junio fue imputado por la Fiscalía en el denominado caso Ligados, lo que complica aún más su situación política y legal.