La Contraloría General del Estado halló graves irregularidades en los contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y la empresa Progen durante la emergencia energética de 2024. El informe, con indicios de peculado, tráfico de influencias y estafa, involucra directamente al entonces gerente general de CELEC y exviceministro de Electricidad, Fabián Calero.
Las observaciones se centran en dos contratos adjudicados a Progen por un total de USD 149,1 millones para la provisión de 150 megavatios de energía mediante generación térmica en Quevedo y El Salitral. Pese a que las centrales nunca entraron en funcionamiento, CELEC ya desembolsó USD 97,4 millones a la contratista, es decir, el 65 % del valor acordado.
Según el examen especial realizado por la Contraloría, el proceso de contratación fue iniciado incluso antes de que se emitiera el decreto de emergencia energética, lo que violaría los procedimientos legales vigentes. Además, se detectó que se usaron canales informales como chats de WhatsApp para contactar a los oferentes y que varias propuestas fueron entregadas sin respaldo técnico o legal.
La investigación también reveló que Progen presentó equipos usados, con certificados alterados y sin cumplir las especificaciones técnicas mínimas requeridas. A pesar de ello, obtuvo la adjudicación. De acuerdo con el informe, CELEC no solo ignoró las observaciones internas, sino que aceleró los pagos sin garantizar la ejecución efectiva de los proyectos.
Fabián Calero renunció a su cargo poco antes de que el informe fuera aprobado. La Fiscalía, en coordinación con la Contraloría, realizó allanamientos en su domicilio y en oficinas relacionadas con la contratación. El caso involucra a al menos diez funcionarios públicos y continúa en fase de investigación previa.
El incumplimiento de estos contratos pone en riesgo el suministro eléctrico del país, especialmente ante la llegada de la temporada de estiaje. CELEC anunció la terminación unilateral de los acuerdos con Progen, aunque la empresa ha iniciado procesos arbitrales en su defensa.
La denuncia, además de evidenciar una presunta red de corrupción dentro del sector energético, se suma a otros cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de la crisis eléctrica que vivió el país en 2024. Las autoridades ahora deberán enfrentar no solo los impactos técnicos, sino también las repercusiones legales y políticas de este escándalo.
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