El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó este jueves 1 de agosto una controvertida reforma constitucional que elimina el límite de reelección presidencial y permite que Nayib Bukele —u otro mandatario— se mantenga en el poder de forma indefinida.

Con el respaldo de 57 de los 60 diputados, la Asamblea Legislativa también decidió extender el período presidencial de cinco a seis años y suprimir la segunda vuelta en las elecciones, lo que marca un giro profundo en las reglas democráticas del país.

Según la legisladora oficialista Ana Figueroa, los cambios buscan “darle el poder total al pueblo salvadoreño” y equiparar las condiciones del cargo presidencial con otros puestos de elección popular.

Pero desde la oposición, el mensaje fue otro: “Este día murió la democracia”, decía un cartel que alzó la diputada Marcela Villatoro en plena sesión.

La reforma también establece que el actual mandato de Bukele, que inició en 2024, terminará de forma anticipada el 1 de junio de 2027. En esa fecha se celebrarán elecciones presidenciales, legislativas y locales de forma concurrente.

Organismos de derechos humanos y figuras de la oposición han advertido que esta reforma pavimenta el camino hacia un régimen autoritario. La diputada Claudia Ortiz denunció que la medida busca “perpetuar a un pequeño grupo en el poder y dejar a la gente cada vez más pobre”.

Aunque la Constitución prohibía expresamente la reelección, Bukele fue reelegido en 2024 con el 82.8% de los votos, tras un fallo de la Corte Suprema —dominada por jueces afines al oficialismo— que reinterpretó la ley para habilitar su candidatura.

Desde organizaciones como Human Rights Watch se ha advertido que El Salvador sigue el mismo guion que países como Venezuela: “Empieza con un líder popular que concentra poder, y termina en dictadura”, dijo su directora para las Américas, Juanita Goebertus.

Bukele, quien asumió su primer mandato en 2019, ha ganado respaldo popular por su política de “mano dura” contra las pandillas, con cifras récord de reducción de homicidios. Pero esa misma estrategia ha sido duramente cuestionada por detenciones arbitrarias, ausencia de juicios justos y condiciones inhumanas en cárceles como el CECOT.

A pesar de las denuncias, Bukele ha dejado claro que continuará en esa línea. “Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, dijo en un discurso reciente.