Ecuador se encuentra en un momento decisivo de su historia energética. Con una economía tradicionalmente dependiente de los hidrocarburos (el petróleo representa el 30% de las exportaciones) y un sistema eléctrico vulnerable por su excesiva dependencia de la hidroelectricidad (80% de la generación eléctrica), el país enfrenta desafíos complejos que exigen una redefinición estratégica de su política petrolera y energética.

La crisis hidroeléctrica de 2024, con cortes de luz generalizados debido a sequías extrema y la decisión mal informada ciudadana de suspender la explotación petrolera en el bloque 43 (reduciendo la producción en 12%), han evidenciado la urgencia de  nuevo modelo.

Es necesario entender y proponer una política energética integral que combine una monetización inteligente de las reservas petroleras como lo hacen nuestros países vecinos, con una acelerada transición hacia energías renovables diversificadas, todo ello enmarcado en principios de sostenibilidad, eficiencia económica y justicia social. La propuesta debe basarse en cuatro pilares fundamentales: 1) Optimización del sector petrolero bajo criterios de máxima eficiencia y transparencia; 2) Desarrollo de mecanismos de almacenamiento y flexibilidad del sistema; 3) Creación de un marco institucional y financiero estable que atraiga inversiones de calidad; y, 4) Diversificación agresiva de la matriz eléctrica.

El petróleo sigue siendo un componente esencial de la economía ecuatoriana, pero su explotación debe redefinirse bajo nuevos parámetros. La política petrolera óptima para Ecuador debe partir de un diagnóstico realista: el país no está destinado a ser un actor relevante en el mercado global de hidrocarburos debido a sus limitadas reservas y producción; donde actualmente el balance hirdrocarburífero entre sus exportaciones e importación de derivados es un contribuyente marginal al ingreso de divisas al país; pero se puede maximizar el valor de sus recursos actuales para financiar la transición energética y contribuir al desarrollo social y sostenibilidad económica de la región oriental.

El gobierno debería implementar una estrategia de monetización acelerada de reservas con criterios de eficiencia: como ya ha sido planteado en algunos análisis, pero con debidas salvaguardas ambientales y sociales estrictas.

Se debe impulsar la atracción de inversión privada especializada mediante modelos contractuales flexibles que equilibren los intereses del Estado con atractivo para los inversionistas. El retorno a contratos de participación (en lugar del modelo de prestación de servicios impuesto en 2010) podría ser adecuado, siempre que se establezcan cláusulas de estabilidad jurídica y mecanismos ágiles de resolución de disputas.

Focalización en campos estratégicos: Concentrar los esfuerzos exploratorios y de producción en áreas con mayor rentabilidad y menor impacto ambiental, evitando la dispersión de recursos. Los campos maduros podrían ser entregados a operadores especializados en recuperación mejorada.

Transparencia radical: Implementación de estándares internacionales como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), con auditorías periódicas y publicación obligatoria de contratos y pagos como lo hace Noruega, país por excelencia verde, pero que destino 20.000 millones al desarrollo de la industria hidrocarburífera.. Esto reduciría los riesgos de corrupción que históricamente han plagado el sector.

Finalmente, los ingresos extraordinarios del petróleo deberían destinarse a un fondo de inversión social con gobernanza robusta e independiente, pero con un enfoque en financiar la transición energética. Este fondo podría capitalizar proyectos de energías renovables, eficiencia energética y reconversión laboral para trabajadores del sector petrolero afectado por la reestructuración del sector1. Esto evitaría traumas sociales y aprovecharía el capital humano existente para las nuevas industrias energéticas.