El abogado constitucionalista Rafael Oyarte lanzó una dura crítica al proceso de deportación de presos extranjeros que ejecuta el Gobierno ecuatoriano, advirtiendo que la medida, lejos de fortalecer la seguridad, podría generar más impunidad y poner en riesgo a los ciudadanos.

En entrevista con Teleamazonas, Oyarte cuestionó que el Estado esté deportando a reclusos —principalmente colombianos— sin seguir los procedimientos establecidos en convenios internacionales como la Convención de Estrasburgo o el Acuerdo de Esmeraldas. “Poner a un reo en la frontera no equivale a una repatriación. Si Colombia no reconoce esa pena, esa persona queda en libertad. Ya pasó en 2007, liberaron a más de 100, y muchos volvieron a delinquir”, advirtió.

El constitucionalista señaló que no basta con decir que se busca descongestionar las cárceles o ahorrar recursos —como los 4 millones de dólares que, según el ministro del Interior, se han reducido al expulsar a cerca de 900 presos— si a cambio se sacrifica el orden jurídico. “Ese argumento es el mismo que usó el expresidente Correa cuando liberó presos sin control. Si vamos a actuar por improvisación, estamos jugando con fuego”, expresó.

Oyarte también alertó sobre las consecuencias de saltarse los canales diplomáticos. Aseguró que Ecuador no conversó previamente con Colombia ni activó los mecanismos del Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar una repatriación formal. “La Cancillería debió intervenir, no poner buses de último momento para sacarse el problema de encima”, dijo.

En cuanto a los detenidos de otras nacionalidades, como peruanos y venezolanos, Oyarte advirtió que el problema podría agravarse. “¿Qué pasa si mañana intentamos deportar venezolanos por la frontera con Colombia sin aval de Caracas ni de Bogotá? Nos van a dejar los presos en el puente”, ironizó.