El anuncio del gobierno de Daniel Noboa de presentar un proyecto de ley para regular a organizaciones sociales, fundaciones, ONGs, gremios, cámaras y asociaciones ha reactivado viejos temores en el país. Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó en una entrevista que, si bien es positivo que por fin se quiera regular el funcionamiento de estas organizaciones mediante una ley —y no a través de decretos, como se ha hecho históricamente—, el texto presentado por el Ejecutivo contiene aspectos preocupantes.

Uno de los puntos que genera más alarma es que el proyecto permitiría la disolución de organizaciones por razones muy amplias como “afectar el orden público” o “violar derechos fundamentales”. Espinel advirtió que esas causales podrían prestarse para interpretaciones subjetivas y futuras persecuciones. Recordó, por ejemplo, que argumentos similares fueron usados hace una década durante el gobierno de Rafael Correa para disolver a la Fundación Pachamama y otras organizaciones consideradas incómodas para el poder.

“No se puede dejar al arbitrio del Ejecutivo, vía reglamento, definir qué organizaciones deben cumplir con ciertas obligaciones. Eso tiene que estar en la ley”, sostuvo Espinel, quien además pidió que las causales de disolución sean específicas y respeten estándares internacionales.

El representante de Ciudadanía y Desarrollo recalcó que la mayoría de organizaciones en el país trabajan para suplir las carencias del Estado y brindar servicios que muchas veces las instituciones públicas no alcanzan a cubrir. “Hay casi 70.000 organizaciones registradas. Si un grupo de vecinos quiere ayudar a personas en situación de calle, ¿deberían rendir cuentas como si fueran un banco?”, cuestionó.

Además, Espinel señaló que, aunque el gobierno habla de recursos ilícitos manejados por ciertas organizaciones, hasta ahora no se han presentado evidencias concretas ni se ha informado de investigaciones en curso. “Sería saludable que se transparente cuáles son esos casos. Eso le daría más legitimidad al proyecto”, apuntó.