A partir de este 1 de agosto, los contribuyentes deberán adaptarse a un cambio clave en el sistema tributario ecuatoriano: todas las facturas electrónicas deberán emitirse y transmitirse al SRI en tiempo real.

La medida, incluida en la Resolución 17 del Servicio de Rentas Internas (SRI), busca combatir la evasión y la defraudación tributaria con un mayor control sobre las transacciones comerciales.

Los cambios no solo afectan la emisión de comprobantes, sino también su anulación y corrección, con medidas más estrictas y plazos limitados:

• Facturas, comprobantes de retención y documentos complementarios solo podrán anularse si contienen errores o si la transacción no se concretó.
• La anulación podrá gestionarse:
  • A través del portal del SRI
  • Desde el facturador oficial
  • O mediante una nota de crédito hasta el día 10 del mes siguiente.
    En el caso de notas de crédito, el plazo máximo de emisión será de 12 meses.

Facturas sin nombre no podrán corregirse

Una de las modificaciones más relevantes es que las facturas emitidas a nombre de “consumidor final” ya no podrán ser anuladas ni corregidas mediante notas de crédito. Una vez registradas en el sistema del SRI, quedarán inmodificables, lo que obliga a comercios y prestadores de servicios a verificar cuidadosamente los datos del cliente antes de emitirlas.

También queda prohibida la anulación de comprobantes electrónicos que hayan sido utilizados en solicitudes de devolución de impuestos.

A partir de agosto, ciertos documentos solo podrán anularse si el receptor acepta la solicitud:

• Notas de crédito
• Notas de débito
• Comprobantes de retención

Por ejemplo, si una empresa emite por error una nota de crédito a su proveedor, deberá solicitar la anulación y esperar una respuesta. El receptor tendrá cinco días hábiles para aceptar o rechazar la solicitud. Si no responde, el comprobante se mantendrá vigente y con validez tributaria.

El SRI advirtió que el incumplimiento de estas nuevas disposiciones podría acarrear sanciones de hasta USD 14.100, dependiendo de la gravedad de la infracción. Por ello, las empresas están obligadas a actualizar sus sistemas de facturación electrónica y capacitar a su personal para evitar errores que puedan traducirse en sanciones.