El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tomó tres decisiones clave en torno al caso del asambleísta Santiago Díaz Asque, procesado penalmente por el presunto delito de violación a una menor de edad.
El parlamentario, quien permanece en prisión preventiva desde el 22 de julio, perderá sus funciones legislativas y su salario mientras dure la investigación judicial.
En la sesión del CAL se resolvió:
- Suspender los derechos parlamentarios de Santiago Díaz, debido a la medida cautelar de prisión preventiva que enfrenta.
- Principalizar temporalmente a su alterna, la legisladora Annie Christina Muñoz Aroca, quien ocupará su curul mientras Díaz permanezca en prisión.
- Suspender el pago de su salario y otros beneficios económicos, ordenando la medida a la Administración General y a la Coordinación Financiera de la Asamblea Nacional.
Estas decisiones se amparan en el Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos de los legisladores, y fueron tomadas tras conocerse formalmente la orden judicial contra Díaz.
25 elementos presentó Fiscalía en su contra
La Fiscalía General del Estado presentó 25 pruebas durante la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva, el pasado 22 de julio. Entre las más relevantes se incluyen:
- Testimonio anticipado de la niña víctima
- Versiones de su madre, padre y hermana
- Pericia ginecológica
- Partes policiales y evidencias levantadas en allanamientos, como teléfonos, credenciales y una memoria flash hallada en casa del procesado
Díaz cumple su detención en la Cárcel 4 de Quito y también enfrenta la prohibición de enajenar bienes como parte de las medidas dictadas.
Aunque el proceso sigue en etapa de instrucción fiscal y no existe aún una sentencia ejecutoriada, el caso ha generado gran repercusión política, especialmente por la militancia del legislador en el movimiento correísta. En redes sociales y medios se ha recordado que no es la primera vez que el correísmo se ve involucrado en casos relacionados con abuso sexual a menores.
Además, la Fiscalía justificó la necesidad de la prisión preventiva alegando riesgo de fuga, ya que el legislador evadió la justicia durante varios días antes de ser localizado.
El caso sigue en investigación.
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