El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto con el carácter de urgente: la Ley para el Control de Flujos Irregulares de Fondos, enfocada en regular estrictamente el funcionamiento financiero de organizaciones sociales, fundaciones, ONGs y entidades sin fines de lucro. Estas deberán cumplir una serie de exigencias o enfrentar suspensiones y hasta su eliminación del registro oficial.

Claves del proyecto de ley:

• Registro obligatorio en 90 días:
  Las organizaciones tendrán ese plazo para inscribirse en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS), administrado por el Ministerio de Gobierno. De no hacerlo, serán suspendidas temporalmente; si reinciden, serán eliminadas del registro.
• Ocho nuevas obligaciones:
  Deberán entregar información periódica sobre:
  • Estructura interna
  • Proyectos ejecutados
  • Fuentes de financiamiento
  • Resultados de su gestión
    También deberán implementar:
  • Auditorías internas y externas
  • Mecanismos de prevención del uso indebido de fondos
  • Políticas para identificar a donantes, proveedores y beneficiarios
  • Reportes públicos anuales y un responsable institucional de cumplimiento
• Supervisión y sanciones:
  La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) será la encargada de vigilar y sancionar el uso indebido de fondos. El control también aplicará sobre los fondos que no se alineen con los objetivos declarados de la organización.

Impuestos y recursos congelados

• El proyecto plantea un nuevo impuesto del 12 % a utilidades que reciban los socios de empresas.
• Además, propone que los fondos congelados por procesos judiciales relacionados con lavado de activos o terrorismo pasen al control del Estado. Tendrán que ser transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo máximo de 30 días.

¿Por qué propone esta ley?

• Según el Ejecutivo, algunas fundaciones han operado sin control y podrían estar financiando minería ilegal, delincuencia organizada o movilizaciones violentas.
• Aunque el proyecto no menciona nombres ni casos específicos, la legisladora oficialista Valentina Centeno justificó la urgencia de la ley por la opacidad financiera de muchas organizaciones.

El panorama actual:

• En Ecuador hay más de 71.000 organizaciones sociales registradas, según Grupo Faro.
  • El 44 % se financia con aportes de sus miembros
  • El 15 % presta servicios
  • Otro 15 % recibe cooperación internacional
• Quito y Guayaquil concentran el 70 % del financiamiento internacional, sin, según el Gobierno, mecanismos adecuados de rendición de cuentas.

De aprobarse esta ley, el control financiero sobre organizaciones de la sociedad civil será más estricto que nunca. El Ejecutivo justifica esta acción como parte de su lucha contra el crimen organizado y el uso irregular de fondos, aunque algunos sectores ya anticipan que podría limitar la labor de muchas ONG que operan con recursos internacionales.